El gobierno de Uruguay completó este miércoles el cambio en el mecanismo de pago a los profesionales cubanos que operan en el Hospital de Ojos «José Martí» de Montevideo: los fondos ya no se transfieren al Estado cubano, sino directamente a cada médico y técnico de la brigada, según confirmó el director del hospital, Alejandro Fischel, al medio nacional Subrayado.
Fischel describió la brigada como un equipo de 10 médicos y 20 técnicos, enfermeros, cocinero y chofer, y fue categórico sobre el impacto del cambio en la operativa diaria: «El trabajo de la brigada médica en el hospital no cambió, nada, el trabajo sigue igual».
El ajuste responde a la presión ejercida por Estados Unidos, que a finales de agosto incluyó a Uruguay por primera vez en su informe anual al Congreso sobre trabajo forzoso en misiones médicas cubanas. Washington identificó a 15 países cuyos gobiernos canalizan pagos directamente al Estado cubano por esos servicios, y contabilizó 21 profesionales cubanos vinculados al programa en Uruguay durante 2026.
La Embajada estadounidense en Montevideo había advertido que «los pagos van directamente a la embajada cubana y no hay evidencia de que los mismos médicos reciban remuneración por su trabajo atendiendo al pueblo uruguayo».
El canciller Mario Lubetkin confirmó el martes el nuevo esquema en una entrevista con El Observador: «El cambio sustancial ahora es que en vez de pagar a este país, lo que hacemos es: protección social y pago del estipendio al profesional». Lubetkin añadió que los médicos cubanos tendrán cuentas individuales en el Banco de Previsión Social (BPS) uruguayo.
El jefe de la diplomacia uruguaya también subrayó que el acuerdo fue negociado con ambas partes: «Hablamos tanto con las autoridades de EE.UU. como con las de Cuba e hicimos lo que queríamos: que los 20 médicos cubanos sigan operando ojos en este país».
El convenio anterior, firmado en 2011 entre el Ministerio de Salud Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el BPS, destinaba hasta 250,000 dólares anuales en concepto de estipendios, pasajes y traslados, transferidos a una cuenta de la brigada. La presidenta del BPS, Jimena Pardo, había aclarado en septiembre que esos fondos no constituían el salario de los especialistas —gestionado por el gobierno cubano— sino un «reintegro de gastos».
El programa, enmarcado en la llamada Operación Milagro, lleva activo en Uruguay desde 2007 y acumula hasta agosto de 2026 más de 956,000 consultas, 222,000 pesquisas y 122,000 cirugías, con participación de más de 160 médicos cubanos en siete brigadas.
La presión de Washington sobre este tipo de convenios se inscribe en una política más amplia: en julio de 2026, EE.UU. sancionó al ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y a la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), acusando al régimen de retener entre el 50% y el 95% de los salarios que los países receptores pagan por los servicios de sus profesionales en el exterior.
El propio Lubetkin reconoció que Uruguay no puede controlar lo que los médicos hagan posteriormente con el dinero recibido, incluida la posibilidad de que lo transfieran al gobierno cubano. La legislación estadounidense establece que si un país aparece en esos reportes durante dos años consecutivos, el secretario de Estado no podrá proporcionarle determinada asistencia internacional, lo que significa que Uruguay tendría que volver a figurar en el reporte de 2027 para que esa disposición entrara en juego.
Vídeos relacionados:
Archivado en: