Uruguay tiene actualmente cerca de 30,000 solicitudes de refugio presentadas por cubanos todavía en trámite, pero solo 52 ciudadanos de la isla han sido reconocidos oficialmente como refugiados, una brecha que ha abierto cuestionamientos sobre la capacidad del sistema y también sobre la voluntad política para resolver estos expedientes.
La cifra fue revelada por El País de Uruguay, que detalló que el volumen de solicitudes de cubanos se ha multiplicado en los últimos años mientras los reconocimientos efectivos continúan siendo muy pocos.
Los casos aprobados se han concedido de forma puntual durante la última década. En 2025 fueron reconocidos dos cubanos, en 2024 fueron seis, en 2023 siete y el mayor número citado por el medio corresponde a 2019, cuando se concedieron 13 solicitudes.
Mientras tanto, el flujo continúa. Según el reporte, cada mes ingresan por el paso fronterizo de Rivera alrededor de 30 cubanos que solicitan refugio, por lo que la acumulación de expedientes sigue creciendo.
La vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, atribuyó el retraso principalmente a un problema estructural entre la cantidad de solicitudes recibidas y la capacidad de la Comisión de Refugiados (CORE) para analizarlas.
«La acumulación de solicitudes de refugio en Uruguay se explica, principalmente, por un desajuste estructural entre el volumen de solicitudes y la capacidad institucional y operativa de la Comisión de Refugiados para procesarlas», declaró previamente a BBC Mundo.
Sin embargo, otras voces ofrecen una explicación diferente. Leydis Aguilera, diputada suplente del Partido Nacional, nacida en Cuba y residente en Uruguay desde hace 16 años, atribuyó la situación a una «falta de voluntad política».
«Los gobiernos de izquierda no han reconocido que es un tema de derechos humanos», afirmó Aguilera a El País.
«Es evidente lo que está ocurriendo. Hoy en Cuba hay más de 4 millones de cubanos fuera de la isla, todos atravesados por una misma matriz, nadie salió para vacacionar».
El propio funcionamiento de la CORE añade complejidad al debate. El organismo está integrado por representantes de Cancillería, los ministerios de Interior, Trabajo, Desarrollo Social y Vivienda, además de la Facultad de Derecho y organizaciones no gubernamentales.
Algunos participantes consultados por El País reconocieron que validar solicitudes de cubanos basadas en persecución política o violaciones de derechos humanos implica aceptar oficialmente que esas situaciones ocurren en la isla, algo que, según esas fuentes, podría comprometer la posición política del Gobierno uruguayo respecto a Cuba.
Aguilera aseguró conocer casos de cubanos que llevan más de tres años esperando una respuesta, una demora que los deja en una situación migratoria precaria.
«Se les han negado alquileres, préstamos, niños que no han podido acceder a una continuidad con especialistas. Son personas que quedan en un limbo migratorio», explicó.
La legisladora describió además a muchos de los solicitantes como «exiliados políticos, económicos, humanitarios» y señaló que numerosos cubanos llegan a Uruguay después de vender sus pertenencias y atravesar varios países.
La legislación uruguaya reconoce como refugiada a una persona que tenga temores fundados de persecución por motivos como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, género u opiniones políticas, así como a quienes hayan huido porque su vida, seguridad o libertad estén amenazadas por violencia generalizada, conflictos internos, violaciones masivas de derechos humanos u otras circunstancias graves.
Pero otras personas vinculadas a la CORE sostienen que una parte importante de los cubanos abandona la isla fundamentalmente por la crisis económica y que, en muchos expedientes, resulta difícil demostrar los elementos de persecución o amenaza exigidos por la ley para conceder el estatuto de refugiado.
La diferencia con el tratamiento otorgado a los venezolanos también aparece en el debate. De los 3,244 refugiados que Uruguay acogía al cierre de 2025, unos 2,543 eran venezolanos, según datos de Cancillería obtenidos por El País mediante una solicitud de acceso a la información pública.
Durante el anterior Gobierno se estableció para los venezolanos un procedimiento abreviado que eliminó algunos requisitos, incluida la entrevista en determinados casos. Como resultado, se aprobaron 842 solicitudes en 2023 y 659 en 2024.
Para los cubanos, en cambio, existe además una dificultad adicional: Uruguay exige visa de entrada a los ciudadanos de Cuba. En la práctica, miles han permanecido durante años en el país mientras tramitan su situación migratoria.
En mayo de 2024, el Gobierno de Luis Lacalle Pou creó un programa de residencia por arraigo para regularizar a unos 20,000 extranjeros que ya se encontraban en Uruguay. El plazo para acogerse a ese mecanismo terminó en mayo de 2025 y el actual Gobierno decidió no extenderlo.
El atasco de casi 30,000 solicitudes ocurre además en medio de una transformación de las rutas migratorias cubanas.
Con el desplome de los cruces por el Darién, miles de cubanos han vuelto a mirar hacia países de Sudamérica, entre ellos Uruguay, como alternativa para emigrar o regularizar su situación.
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