Cuba avanza hacia un régimen comunista presidencialista, donde el empresario uniformado Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, el resto del generalato y la Seguridad del Estado quedarán subordinados, incluso para ascender y cesar, al mandatario Miguel Díaz-Canel Bermúdez, según el texto de proyectos que debatirá y aprobará la Asamblea Nacional del Poder Popular, a partir del próximo día 28.
El proyecto de Ley del Presidente y Vicepresidente de la República, adelantado por Cubadebate, establece como facultades del Presidente de la República, entre otras atribuciones, las siguientes:
i) Desempeñar la Jefatura Suprema de las instituciones armadas y determinar su organización general.
j) Presidir el Consejo de Defensa Nacional y proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado, según proceda, declarar el Estado de Guerra o la Guerra en caso de agresión militar;
k) Decretar la Movilización General cuando la defensa del país lo exija, así como declarar el Estado de Emergencia y la Situación de Desastre, en los casos previstos en la Constitución (...)
l) Ascender en grado y cargo a los oficiales de mayor jerarquía de las instituciones armadas de la nación y disponer el cese de estos, de conformidad con el procedimiento previsto en la ley.
Al prever, en su inciso i, la jefatura suprema y determinar la organización general de las instituciones armadas, la ley faculta al presidente para decidir sobre la transformación de GAESA y la delimitación de sus ámbitos de actuación y se garantiza el control de la Seguridad del Estado; pues en ningún caso establece que pueda delegarse esa función, salvo en su vicepresidente, por viajes al extranjero o enfermedad temporal.
Los borradores de leyes que debatirá y aprobará la Asamblea Nacional, en su primera sesión de 2020, no incluyen solo la subordinación de los altos cargos militares al presidente, sino que en igual condición quedan el Primer Ministro y el resto de miembros del Gobierno, incluidos los viceprimeros ministros, que serán designados por Díaz-Canel, oyendo el parecer de Manuel Marrero Cruz, como propone la Ley de organización y funcionamiento del Consejo de Ministros.
El proyecto de Ley de revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular equilibra los amplios poderes concedidos al presidente al contemplar su revocación "en cualquier momento", pero solo si es promovida por un tercio o más de los diputados de la Asamblea Nacional, circunstancia que incluye al resto de cargos estatales y gubernamentales, incluidos los Delegados a los parlamentos municipales.
En todos los casos se alude a la Constitución y la legalidad socialista, sin alusión expresa al PCC, pero al establecer la Carta Magna su carácter de hegemómico y único, queda clara la supremacía comunista sobre el estado y gobierno cubanos: de ahí que una de las claves más importantes de la coyuntura cubana a corto plazo sea la elección del próximo Buró Político y quién relevará a José Ramón Machado Ventura.
El propio proyecto de ley veta la posibilidad de que un emigrado con doble nacionalidad pueda aspirar a la presidencia de Cuba y limita la edad para desempeñar el cargo, con un mínimo de 35 años y un máximo de 60, en su primer período de cinco años, de un total de dos; tras el cual no podrá volver a presentarse.
Otras novedades es que el Presidente puede renunciar a su cargo y hasta pedir una Licencia temporal, objetivando las causas ante la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, circunstancia que refleja un guiño antifidelista porque el Comandante en Jefe defendía que los revolucionarios no renuncian ni se jubilan; especialmente, cuando le preguntaban por su larga permanencia en el poder.
Pero el proyecto de Ley del Presidente y Vicepresidente de Cuba no se queda en la estratósfera comunista, sino que mira a los lados y hacia abajo, otorgando estas otras facultades a Díaz-Canel:
f) Proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado, según corresponda, la elección, designación, suspensión, revocación o sustitución en sus funciones del Primer Ministro, del Presidente del Tribunal Supremo Popular, del Fiscal General de la República, del Contralor General de la República, del Presidente del Consejo Electoral Nacional y de los miembros del Consejo de Ministros.
g) Proponer a los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular que correspondan, la elección o revocación de los gobernadores y vicegobernadores provinciales.
Más claro, agua. Quienes aspiren a ocupar esas responsabilidades tendrán que contar con la benevolencia presidencial y mantenerse fieles porque pueden ser cesados únicamente a propuesta del mandatario, que además, asume el mando directo sobre gobernadores y vicegobernadores provinciales.
Según el calendario esbozado por Raúl Castro Ruz, en discursos y comparecencias en la Asamblea Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez debe relevarlo como Primer Secretario del Comité Central, durante la celebración del octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, previsto a celebrarse entre el 16 y 19 de abril de 2021; fechas que coinciden con la inicio de la invasión de Bahía de Cochinos y su derrota.
La Asamblea Nacional debatirá y aprobará otro proyecto de ley referido al Servicio Exterior, que deja claro la supremacía presidencial y del propio parlamento en las relaciones internacionales de Cuba, que se rigen por "fundamentos" establecidos en la Constitución y que debe estudiar -entre otras funciones- "contribuir al estudio de los modelos y estrategias de desarrollo socioeconómico de otros países, en coordinación con los organismos encargados de su ejecución".
Para Yaxys Cires Dib, Asesor Político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y miembro de la ejecutiva del Partido Demócrata Cristiano (PDC), "la civilidad siempre es bienvenida frente a la militarización que, en el caso de Cuba ha sido excesiva durante mucho tiempo", pero critica el "escaso tiempo concedido a los ciudadanos" para que puedan influir de manera efectiva en los borradores elaborados por las autoridades.
Cires Dib pide al Gobierno cubano que "establezca de forma urgente mecanismos universales y transparentes de consulta y participación ciudadana", que garanticen la participación efectiva de la sociedad civil independiente en la elaboración de leyes y decretos y matizó que no se trata de un reclamo ante la urgencias de las autoridades, sino que realizó igual demanda durante la tramitación de la Ley electoral, que no fue consultada previamente con los cubanos.
La promesa gubernamental de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información representa "una señal positiva" pero no sabemos que herramientas legales estarían utilizando las autoridades para homologar el modelo institucional de Cuba a estándares democráticos internacionales y, sobre todo, "no tenemos constancia de consultas abiertas a la sociedad civil sobre la legislación anunciada".
El OCDH ha enviados sendos correos electrónicos a los representantes de estados acreditados ante la Organización de Naciones Unidas y su Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra, a los que piden exijan al gobierno cubano mayores transparencias y facilidad de acceso a la sociedad civil en los asuntos públicos "porque afectan la vida de los cubanos", concluyó Cires Dibb.
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