El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dado a conocer un "Proyecto de ley contra la mafia" que ampliaría lo recogido en la ley estatal conocida como Stand Your Ground, y que permitiría a los ciudadanos disparar y potencialmente matar a cualquier persona sospechosa de saquear.
La medida ha generado preocupación en algunos sectores por sus implicaciones. La propuesta está enfocada en las posibles respuestas legales a situaciones de disturbio y protestas como los que se han vivido en Estados Unidos desde hace meses, a raíz del asesinato a manos de la policía del ciudadano afroamericano George Floyd.
En ese sentido, la propuesta de legislación es un intento de prevenir "reuniones violentas y desordenadas" al permitir el uso de la fuerza en grado extremo contra cualquier persona involucrada en la "interrupción o deterioro" de un negocio, informa Fox News.
Para Denise Georges, ex fiscal del condado de Miami-Dade, que ha trabajado con casos de Stand Your Ground, la propuesta “permite a los vigilantes justificar sus acciones”. Pero, señala, “también permite que la muerte sea el castigo por un delito contra la propiedad, y ese es un castigo cruel e inusual. No podemos vivir en una sociedad sin ley en la que quitar una vida se hace de manera tan casual e imprudente".
El proyecto de ley también incluye medidas que permitirían a los ciudadanos actuar contra las protestas que bloqueen el tráfico (que podrían ser sancionadas como delitos de tercer grado). Según Fox News, la ley también otorgaría inmunidad a los conductores que matan o hieren involuntariamente a los manifestantes que bloquean el tráfico. Además, la ley permitiría al estado retener fondos de los gobiernos locales que recortan los presupuestos de la policía.
El proyecto de ley es consecuencia de la promesa hecha en septiembre por de DeSantis de tomar medidas enérgicas contra las "manifestaciones violentas y desordenadas". DeSantis, cuya mentalidad de represión refleja la del presidente Donald Trump -según el Tampa Bay Times-, anunció que impulsaría dicha legislación al calor de las elecciones presidenciales de 2020. Trump perdió la reelección pero ganó Florida por más de tres puntos.
Melba Pearson, abogada de derechos civiles y ex subdirectora de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Florida, dijo que el proyecto de ley está "diseñado para aplastar los derechos de los manifestantes de la Primera Enmienda". El título "anti-mafia" es engañoso para Pearson. Según la abogada, Florida no tuvo enfrentamientos a gran escala entre la policía y los manifestantes como otros estados.
“No son turbas corriendo por la calle. La gente está usando sus derechos de la Primera Enmienda. Esta es una democracia, para que no se olviden algunos en Tallahassee”, dijo Pearson, quien también fuera ex fiscal de Miami-Dade. Para ella, el proyecto de ley “tendrá un efecto paralizador en la libertad de expresión".
Entre las preocupaciones manifestadas por expertos, está la eliminación del deber que tiene una persona de retirarse antes de usar la fuerza para contrarrestar una amenaza. Según los críticos, esto fomentaría una mentalidad del Salvaje Oeste de disparar primero y después preguntar.
Para el abogado defensor de Miami, Phil Reizenstein, la propuesta de ley tiene una clara inclinación política. “Las leyes existentes en Florida han podido abordar situaciones sociales en el pasado. Estas leyes no abordan lagunas en las leyes actuales”, dijo Reizenstein. “Es una mala política promulgar leyes penales para asuntos políticos transitorios. Es mejor invertir el tiempo y el dinero en abordar las causas subyacentes de los disturbios".
"Está claro que el concurso de belleza de Trump todavía está en marcha, con gobernadores y senadores que quieren ser el próximo Trump", dijo el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, quien también fuera fiscal federal. "Y el gobernador DeSantis es claramente un muy buen concursante".
De momento, no está claro quién aconsejó al gobernador en la redacción de los detalles de la propuesta. A juzgar por las reacciones de expertos y legisladores, tampoco está claro que vaya a aprobarse la propuesta de una ley que algunos consideran inconstitucional, una "táctica de miedo" y una "priorización indignante de un tema que no es un problema".
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