La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, denunció esta semana que el Gobierno de Cuba está utilizando las normas relacionadas con la prevención del coronavirus para intensificar la represión en la Isla.
En un comunicado, HRW critica que el Gobierno cubano utilice el delito de "propagación de epidemias", penado con multas y hasta 9 meses de prisión, para "para acosar, intimidar y detener a disidentes" en todo el país.
La ONG no pasa por alto que éste fue el pretexto utilizado por la Seguridad del Estado para desalojar por la fuerza la sede del Movimiento San Isidro, en la calle Damas 955, en La Habana Vieja, el pasado 26 de noviembre, pese a que las fotos de los vecinos mostraron cómo los propios agentes que formaron parte del operativo no usaban correctamente la mascarilla.
"Con el pretexto de hacer cumplir las reglamentaciones sobre COVID-19, las autoridades han realizado detenciones arbitrarias, abriendo procesos penales abusivos y deteniendo a personas en celdas insalubres que favorecen la propagación del COVID-19", añade el comunicado de HRW.
En este sentido, Jorge Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, ha añadido que el Gobierno cubano "se ha aprovechado de las normas contra el COVID-19 para ampliar la larga lista de herramientas represivas que utilizan en contra de sus críticos”.
Y esta situación, insiste, no es casual. “Esto forma parte de un patrón más amplio en el cual el Gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente”.
35 entrevistas telefónicas, 34 abusos documentados
Desde Human Rights aseguran que entre el mes de julio y noviembre de 2020 realizaron 35 entrevistas telefónicas a víctimas de la represión en Cuba, familiares y abogados y consultaron informes periodísticos, sentencias judiciales, registros de multas y vídeos compartidos en las redes sociales.
Este análisis les llevó a documentar abusos contra 34 víctimas condenadas, multadas o detenidas apelando a normas relacionadas con el coronavirus.
Detenciones
De 20 personas detenidas, tres fueron procesadas de manera arbitraria y otras tres fueron multadas o amenazadas con la posibilidad de ser procesadas por propagación de epidemias.
Ocho personas (que no fueron detenidas) recibieron multas "aparentemente arbitrarias sobre la base de normas vinculadas con el COVID". El resto fueron amenazadas con la posibilidad de persecución penal.
Multas
Por otra parte, 30 de las víctimas fueron multadas, detenidas o amenazadas con la posibilidad de llevarlas a juicio por violar normas relacionadas con la COVID como, por ejemplo, no usar correctamente la mascarilla (9 de ellas); otras dos fueron perseguidas por difundir información sobre el coronavirus en la Isla y en dos casos, los funcionarios les impusieron multas sin referirse a normas sin especificas de la legislación cubana.
Se ha dado el absurdo de que un disidente fue denunciado por no denunciar que un amigo suyo estaba usando incorrectamente la mascarilla.
De esas 30 personas multadas, 11 niegan haber cometido la infracción que les achaca el Gobierno cubano e incluso fueron amenazados por la Seguridad del Estado de procesarlos de desacato por negarse a aceptar que habían incumplido normas COVID.
HRW denuncia también que los detenidos no se les permitió hacer una llamada telefónica. "Algunos sufrieron violentas golpizas y varios enfrentaron procedimientos penales sin contar con un abogado que los representara".
La ONG llama la atención sobre el decreto aprobado en La Habana en agosto pasado que multa con el doble del salario medio mensual (2 mil pesos cubanos equivalentes a 77 dólares) a quienes realicen fiestas, usen la mascarilla de manera incorrecta o dificulten en cualquier forma el cumplimiento de las medidas sanitarias".
Asimismo hay que tener en cuenta que esas multas se duplican si no se pagan en 10 días y no abonarlas está penalizado con seis cárcel.
La ONG pone ejemplos como el de la cubana Keilylli de la Mora Valle, del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, que está cumpliendo un año y medio de prisión en Cuba tras ser detenida por fumarse un cigarro en Cienfuegos y no llevar puesta la mascarilla. Fue golpeada, no tuvo derecho a un abogado y ha intentado suicidarse dos veces desde que está en prisión. La condenaron por resistencia, desobediencia y propagación de epidemias, según la denuncia de HRW.
La organización no gubernamental advierte además de que hay derechos básicos que no pueden ser restringidos, ni siquiera en situaciones de emergencia. Entre ellos, la prohibición de malos tratos, de detenciones arbitrarias o el derecho a un juicio justo.
Sí pueden restringirse los derechos de libertad de expresión o asociación en casos excepcionales de emergencia sanitaria, pero esta decisión debe estar amparadas por la una norma jurídica.
HRW ha documentado, además, los casos de la detención arbitraria de Juan Miguel Pupo Arias; Mileidy y Daniel Salcedo y de los miembros del Movimiento San Isidro y otros críticos del Gobierno.
¿Qué opinas?
COMENTARArchivado en: