El activista político José Daniel Ferrer, Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), anunció que las autoridades le estaban reestableciendo paulatinamente las comunicaciones a los miembros de la organización, que le fueron suspendidas días atrás por mandato de la policía política cubana.
En un comunicado difundido a través de Twitter, refirió que “el monopolio de las comunicaciones en Cuba” (ETECSA) había comenzado a devolverles paulatinamente el servicio que le habían suspendido arbitrariamente a 17 personas desde el pasado día 10.
El bloqueo de las comunicaciones fue denunciado a través de su hermana Ana Belkis Ferrer, quien vive en Estados Unidos y se mantuvo utilizando las cuentas de José Daniel para informar de la situación de sitio e incomunicación en la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba.
En una conversación con CiberCuba, Ana Belkis dio a conocer que a todos los que entraban en la casa les cortaban la señal. Ahora, con la información publicada por José Daniel, se pudo conocer que un total de 17 personas fueron privadas de estos servicios durante casi una semana.
La interrupción de las comunicaciones y redoble del cerco obedecía a la orden de evitar que Ferrer participara por vía telefónica de una audiencia sobre Derechos Humanos del Parlamento Europeo el día 11 de septiembre a las 9:00 de la mañana, hora de Cuba.
En esas jornadas, entre ella y su hija Martha Beatriz se mantuvieron denunciando lo que sucedía, con la poca información que podrían recibir desde Cuba.
Desde el día 3 de diciembre, el activista había denunciado la presencia de la policía en las inmediaciones del barrio y alrededores de su casa. "Alerta que caminan, esbirros comunistas por el Barrio de Altamira". Santiago Cuba. Fuerzas represivas incrementan cerco entorno a Sede UNPACU esta madrugada. Hace solo unos minutos sentimos ruidos de motos frente a la casa y eran agentes de civil y de uniforme hasta con perros”, ponía el tweet publicado a las 2:25 de la madrugada.
Esta escalada reforzó el cerco que tenía la organización opositora desde junio de 2020, cuando sus miembros denunciaron el asedio por parte de la policía en el marco de las protestas en las que pretendía participar la UNPACU por el asesinato del joven afrocubano Hansel Hernández en La Habana, a manos de fuerzas policiales.
Cortar las comunicaciones en zonas donde se van a realizar "operativos" o para limitar las denuncias de los activistas en las redes sociales, ha sido una práctica común por parte del régimen de La Habana desde que ocurrió el desalojo de los integrantes del Movimiento San Isidro el pasado jueves 26 de noviembre.
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