Asamblea Nacional del Poder Popular Foto © ACN

Posponen diputados cubanos la discusión del nuevo Código de las Familias

La actualización por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba del cronograma legislativo para el periodo 2021-2022 ha supuesto un nuevo aplazamiento del esperado nuevo Código de Familias, en el que debe figurar un nuevo concepto del matrimonio en Cuba.

Junto con la discusión del Código, se posponen los borradores de otras ocho leyes.

En mayo del 2019, la prensa oficialista anunció que la Unión de Juristas del país trabajaba en un nuevo Código de Familia que no limite los derechos de las personas y en el que no haya discriminación.

En diciembre, el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silveira, reiteró que sería presentado ante la Asamblea Nacional en próxima sesión.

De acuerdo con nuevas declaraciones del ministro, las disposiciones pospuestas obedecen al retraso causado en la redacción de las nuevas leyes por la pandemia de coronavirus.

El ministro también dijo que para la aprobación del esperado Código de las Familias "se requiere de un mayor tiempo para profundizar en conceptos e instituciones jurídicas que permitan dotarnos de un código imprescindible en el contexto actual y acorde con la perspectiva de la sociedad cubana".

Por ello la Asamblea aprobará una comisión que amplíe el proceso de estudio y de consulta para, iniciar un supuesto proceso de consulta popular y referendo del proyecto de Código, en el que debe figurar la nueva forma de constituir el matrimonio en Cuba.

Hace más de dos años, la disposición constitucional que eliminaba la distinción del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y que abría la posibilidad de la unión entre personas del mismo sexo, encontró la oposición de varios grupos religiosos cubanos.

Ello obligó a la Asamblea Nacional a modificar el Artículo 68 del anteproyecto de la nueva Constitución y desplazar esa conceptualización al Código de Familias.

Las ocho legislaciones pendientes son la Ley de los Tribunales Populares, la Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Procedimiento Penal, la de Procedimiento Civil, Laboral y Económico (Código de Procesos), la de Salud Pública, de la Vivienda y la Ley de Defensa y Seguridad Nacional.

Según Silvera Martínez, en todas las leyes que responden a las disposiciones transitorias de la Constitución se venía trabajando, "pero la imprevista situación sanitaria determinó la necesidad de dar prioridad a aquellas que regulan la organización y funcionamiento de las estructuras del Estado y el Gobierno".

Para la próxima legislatura quedarán pendientes diez leyes del cronograma inicial, a ser elaboradas después de 2022: la Ley de Tierras, la de Arbitraje y Mediación, la Ley de Reciclaje, la Ley de Migración, la Ley de Extranjería, la de Ciudadanía, la Ley de las Notarías Estatales, la Ley del Estado Civil, la Ley de Manifestación y Reunión y la Ley de Defensa y Seguridad Nacional.

El ministro dijo que el también esperado Decreto-Ley de Bienestar Animal, anunciado en noviembre pasado, está ahora previsto para febrero de 2021, cuando será sometido a votación en una reunión del Consejo de Estado.

También se propuso modificar a categoría de Ley el rango normativo del Decreto-Ley "Para la protección de datos personales", previsto para su aprobación en febrero de 2020.

Entre los 15 nuevos decretos leyes que se aprobarán en el periodo 2021-2022 hay una "Sobre el registro público de bienes inmuebles", otra "Sobre la migración interna" y una tercera sobre "las contravenciones electorales".

Otros temas de próximas leyes serán el empleo de la videovigilancia, la protección de los derechos de los consumidores, y varias modificaciones "De la Seguridad Social".

Para la actual legislatura se propone la aprobación de 25 leyes -diez previstas para 2021 y 15 para 2022-, de las cuales 16 responden a la Constitución y nueve a los Lineamientos.

Dos de ellas no estaban previstas en el cronograma legislativo aprobado: la Ley Tributaria y la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

También se incluyen 29 decretos-leyes -18 previstos para 2021 y 11 para 2022-, de los cuales tres responden a la Constitución, 21 a los Lineamientos y cinco a propuestas de los Organismos de la Administración Central del Estado.

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