Comienza 2021 con proceso de unificación monetaria en Cuba

La unificación monetaria y cambiaria suma más incertidumbre y preocupación a una ciudadanía ya de por sí agobiada por la terrible crisis.

Personas en La Habana (Imagen referencial) Foto © CiberCuba

Este primero de enero comienza en Cuba el proceso de unificación monetaria, con el cual el Gobierno promete sanear las finanzas, en medio de una crisis sin precedentes en la historia de la revolución.

Para los cubanos termina un año especialmente duro, en el que paulatinamente se han ido deteriorando cada vez más las condiciones de vida, con una grave escasez de productos y servicios básicos y un aumento de la represión policial, agravada por una pandemia que en los últimos días ha implantado varios récords de contagios.

La unificación monetaria y cambiaria viene a sumar más incertidumbre y preocupación a una ciudadanía ya de por sí agobiada por la terrible y prologada crisis económica, política, sanitaria y social.

El proceso no implica solamente la desaparición del peso convertible (CUC), el cual dejará de circular en junio, sino que lleva aparejados la eliminación de subsidios “excesivos” y gratuidades “indebidas” –al decir de las autoridades–, así como una transformación en los salarios, pensiones y prestaciones de la Asistencia Social.

Estos últimos incrementarán su cuantía, si bien dicha subida va de la mano de un alza de los precios de los artículos y servicios de primera necesidad.

A partir de ahora, el costo de la canasta básica normada, en la que se incluyen los alimentos, productos de aseo, el combustible para cocinar y otros imprescindibles, será de 1.528 pesos.

Por el momento, seguirán subsidiados algunos víveres como el yogurt natural, la carne de res de dietas médicas, el picadillo de res normado y las compotas que se les asignan a los niños.

Estas medidas se adoptan en un escenario marcado por un déficit en la oferta, lo cual ha hecho a los expertos alertar de una posible inflación. Ante esa previsión, el gobernante Miguel Díaz-Canel anunció que no se permitirán los precios “abusivos y especulativos”, lo cual no significa más que una cosa: más control, vigilancia y represión.

En cuanto a la subida de los precios en los servicios, uno de los que más descontento generó fue el de la tarifa eléctrica, que aumentó más de cuatro veces su valor previo.

La presión popular fue tan grande que el Jefe de la Comisión de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, tuvo que anunciar la disminución de las cifras previamente anunciadas.

Murillo reconoció ante los medios de prensa oficialistas que la población protestó por el tremendo salto que suponía ir desde los 4.00 pesos a los 7.50 pesos, para aquellos consumidores del rango 301-350 kWh/mes.

La tarifa modificada se redujo entonces a 0,33 pesos en el tramo de consumo de 0 a 100 kWh, de los 0,40 que se habían anunciado. Los tramos de 301-350, 351-400 y 401-450 kWh/mes tuvieron la mayor reducción con respecto a la tarifa fijada al principio, con una bajada de 7,50 a 4 pesos; 9 a 5 pesos y 9 a 6 pesos, respectivamente.

No obstante, los nuevos precios siguen siendo muy altos en relación con la tarifa actual, máxime si se tiene en cuenta que ya había sido subida en octubre del 2010.

En relación con el incremento de los salarios y las pensiones, su impacto real en la vida de la gente va a depender de los niveles que alcance la inflación.

Esta será inevitable, tal como admitieron dirigentes gubernamentales, quienes prevén que el peso cubano (CUP) se devalúe rápidamente durante la primera etapa del proceso de unificación cambiaria. En este momento, el cambio del dólar en el mercado informal supera ya los 30x1.

A partir de enero el salario mínimo en Cuba será de 2.100 pesos, unos 87 dólares al cambio previsto de 24x1. Las pensiones oscilarán entre los 1528 pesos (64 dólares) y 1733 pesos (72 dólares).

El mayor temor de la población es qué capacidad de compra real tendrán los ciudadanos con esos ingresos aparentemente tan altos, en un país donde la ineficiencia de la gestión estatal y los frenos a la iniciativa privada, han derivado en una realidad económica improductiva y totalmente dependiente de las importaciones para abastecerse de productos básicos, con lo cual tampoco se satisface la demanda.

En diciembre, el Gobierno pagó un anticipo salarial a los trabajadores, y entregó también el pago adelantado de las pensiones y de la ayuda monetaria de los beneficiarios de la Asistencia Social, para que pudieran asumir los precios incrementados que entran en vigor este primero de enero.

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