Inspectores de Villa Clara han puesto en lo que va de año 2 551 multas tras detectar alteraciones en los precios estipulados en la llamada Tarea Ordenamiento en Cuba.
Las sanciones son, fundamentalmente, por desinformación y engaño a los consumidores, según explicó a la televisión local un funcionario de la Dirección Integral de Supervisión en Villa Clara.
Además 25 inspectores fueron separados de sus puestos por violar el código de ética, al dejar pasar por alto las ilegalidades y siendo parte de la corrupción.
Otro objetivo de los funcionarios villaclareños encargados de imponer las multas es el de descubrir qué personas ejercen de manera ilegal el trabajo por cuenta propia, sin tener la licencia correspondiente y alterando los precios de los productos que venden.
Sin embargo, el reporte televisivo no menciona las quejas de la población sobre los precios elevados de muchos productos y servicios, tanto en el sector privado como estatal, siendo este último uno de los temas que más polémica genera.
El discurso oficial defiende que las nuevas medidas pretenden eliminar gratuidades y subvenciones indebidas, pero en la práctica el incremento de tarifas y precios ha generado malestar y preocupación entre la población, y ha hecho que poner algo en la mesa o llegar a fin de mes se haga mucho más cuesta arriba para los cubanos.
Los comedores del Sistema de Atención a la Familia, por ejemplo, donde compran alimentos elaborados pensionados y personas con problemas sociales, vieron incrementar más de diez veces el valor total de sus precios. Ello se ha traducido en una reducción notable, de hasta el 50% en algunos casos, de afluencia de personas que aseguran no poder pagar los 26 pesos diarios que corresponderían, si almuerzan y comen en el lugar.
Las panaderías, otro de los lugares visitados por los inspectores, también han estado en el centro de las críticas desde la implementación de las nuevas medidas económicas, pues a la mala calidad de antaño se le suma ahora el incremento en el precio de venta.
El Gobierno cubano implementó desde el 1 de enero de este año un grupo de medidas económicas orientadas en la eliminación del CUC, lograr una unificación monetaria y cambiaria, incrementar precios y salarios, así como la eliminación de subsidios.
Los reclamos de la población y las denuncias en las redes sociales sobre los altos precios de algunos productos y servicios han provocado que las autoridades gubernamentales dieran marcha atrás y propusieran nuevas tarifas que siguen siendo altas para muchos. En ese sentido se cambió el precio de la electricidad en Cuba y de algunos servicios gastronómicos.
"En los primeros días del ordenamiento se nos han manifestado un grupo de incomprensiones, hemos tenido errores en la implementación por parte de un grupo de instituciones, cosas que estaban normadas y reglamentadas no se aplicaron como estaban y eso nos ha creado una percepción en la población no favorable al ordenamiento", dijo Díaz-Canel tras la ola de criticas recibidas por la gestión de su gobierno.
Lo que pretendía ordenar la economía cubana ahora debe ser ordenado, indicó el mandatario recientemente.
Sobre la práctica del Gobierno cubano de topar los precios, el economista cubano Elías Amor opina, sin embargo, que "el modelo social comunista cubano ha fracasado con su ministerio, su rampante burocracia y todo el armazón intervencionista disponible, en algo tan simple como fijar los precios. La razón es muy simple, los precios pertenecen al ámbito de la libertad del mercado, del juego libre de oferta y demanda. Y en Cuba nada de eso existe ni se han fomentado las estructuras para ello".
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