El Ministerio de Justicia de Cuba rebajó algunas de las tarifas de servicios de los bufetes colectivos que entraron en vigor el 1 de enero, las cuales supusieron un aumento sustancial a los precios a pagar por las personas naturales con residencia permanente en el país.
Esta semana el ministro Oscar Manuel Silvera Martínez emitió la Resolución 46 de 2021, la cual de manera escueta establece que “con motivo de la implementación del proceso de ordenamiento monetario del país y las inquietudes de la población, resulta necesario proceder a la modificación de algunas de esas tarifas”.
La Resolución 511 de 2020, aprobada en diciembre pasado como parte del proceso de ordenamiento monetario, estuvo vigente apenas un mes y unos días. La misma multiplicó hasta por seis el costo de algunos servicios jurídicos, una subida considerada abusiva por la ciudadanía, que vio cómo el gobierno fijó el salario mínimo en 2100 pesos.
Por su parte, la nueva norma, publicada en la Gaceta Oficial, “responde a una revisión y reevaluación (...) de los precios entrados en vigor en enero”, según reza el texto.
Las rebajas se concentran fundamentalmente en los servicios que contrata la población en las materias no penales.
Por ejemplo, con la antigua disposición, un usuario que buscaba la representación de un abogado para tramitar una declaratoria de herederos debía pagar 570 pesos; ahora esa cifra bajó a 380 pesos.
En cuanto a algunos procesos de contenido patrimonial, como la liquidación de la comunidad matrimonial de bienes, el gobierno había dispuesto que si el valor de estos es de hasta 10 mil pesos, la tarifa a pagar por el cliente al bufete era de 2400 pesos.
A partir de la entrada en vigor de la Resolución 46 de 2021, si el valor de los artículos a repartir entre los excónyuges no rebasa los 3000 pesos, se abonará una tarifa de 500 pesos, y si valen entre 3001 y 10 mil pesos, el usuario pagará 1200 pesos a su abogado.
Asimismo, en cuanto a los procesos ordinarios relacionados con la vivienda, los que tienen que ver con la propiedad disminuyeron su tarifa de 1170 a 990 pesos.
Otros servicios mantienen sus precios, considerados extremadamente altos para la mayoría de la población.
Por ejemplo, el divorcio por justa causa, uno de los asuntos que más contratos demandan por parte de los clientes, costaba antes del ordenamiento monetario 95 pesos. Tras la primera modificación, en diciembre, este valor llegó a los 570 pesos y esa cifra se mantuvo con la nueva resolución del Ministerio de Justicia.
También la inscripción de inmuebles en el registro de la propiedad, que antes costaba 55 pesos, aumentó a 330 pesos y sigue manteniendo ese precio.
No es la primera vez que el gobierno cubano tiene que dar marcha atrás a una medida del actual proceso de ordenamiento monetario debido a las fuertes presiones de la población.
En diciembre, el jefe de la Comisión de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, anunció en la televisión la disminución de las tarifas eléctricas.
El propio dirigente tuvo que reconocer públicamente que, entre las principales opiniones vertidas por la ciudadanía, sobresalieron las críticas a la incoherencia entre el salario y el resto de los precios por bienes y servicios que también subieron, y el excesivo salto del precio a pagar por el servicio eléctrico.
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