Diego Armando Maradona, en una foto de archivo Foto © Wikimedia Commons

Imputan por homicidio culposo al psicólogo y los últimos enfermeros de Maradona

En un nuevo giro del proceso de investigación de la muerte del astro futbolístico argentino Diego Armando Maradona, la Fiscalía General de San Isidro, en Argentina, decidió imputar este lunes al psicólogo Carlos Díaz, que trató al ex futbolista en los meses previos a su muerte, en noviembre del año pasado.

La decisión también incluye a la enfermera Dahiana Gisela Madrid, que reconoció haber mentido en su reporte a la empresa que la contrataba, así como a otro enfermero, de nombre Ricardo Almirón, presente el 25 de noviembre.

A todos se les acusa de homicidio culposo por negligencia u omisión, los mismos cargos presentados contra el neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov.

La autopsia realizada a Maradona reveló que murió debido a un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”. El informe toxicológico no encontró alcohol ni drogas ilegales en el cuerpo del deportista; aunque sí subraya la presencia de varios medicamentos para su salud física y mental. Los forenses le detectaron, además, una “miocardiopatía dilatada” así como graves patologías en su hígado y riñones.

Según consta en el expediente de la acusación, el psicólogo Díaz se sumó al staff médico de Maradona en septiembre del 2020 y jugó un papel fundamental en los cuidados al deportista.

El caso de la enfermera Madrid primero declaró que la mañana de la muerte ella no había ingresado a la habitación de Maradona pero que había escuchado que se había levantado a orinar a las 7:30. Sin embargo, en un informe interno que confeccionó para la empresa de salud en la que trabajaba escribió que sí había traspasado la puerta de la habitación del deportista para controlar sus signos vitales.

Los fiscales la volvieron a citar para que aclarase por qué declaró una cosa y en su informe para la empresa escribió otra. “Escribí en el reporte que le intenté controlar signos vitales, lo cual no es cierto”, afirmó Dahiana según una fuente judicial de alto rango. “Lo puse por una indicación del coordinador”, aseguró.

Para los fiscales, esta situación, si bien no fue considerada hasta el momento un falso testimonio porque en definitiva a la Justicia siempre le dijo lo mismo y la mentira estuvo en un documento interno, les llamó poderosamente la atención.

Otro de los imputados es el enfermero Almirón, que aseguró ser el último en ver con vida a Maradona, cuando chequeó sus signos vitales antes de ser relevado por Madrid a las 6:30.

La investigación volverá a convocar como testigo este miércoles a Romina Milagros Rodríguez, conocida como “Monona”, la cocinera que trabajaba en la casa del country San Andrés y presente en el lugar cuando hallaron sin vida a Diego Maradona.

También fue citada a declarar Griselda Vanesa Morel, la psicopedagoga de Dieguito Fernando, el hijo del Diez con Verónica Ojeda, que siempre la acompañaba en sus visitas al country San Andrés.

Los fiscales han decidido comenzar su batería de imputaciones con el círculo médico y más próximo a Maradona, aunque no se descarta que la semana que viene pueda haber más novedades con aquellos que estaban cerca pero no eran profesionales de la medicina.

Las imputaciones surgen a partir de los nuevos peritajes telefónicos que difundió el portal argentino Infobae, y de las nuevas medidas de prueba que se tomaron en los últimos días.

Los fiscales Laura Capra, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, bajo la coordinación del fiscal general John Broyad, trabajan en un informe donde volcarán las pruebas para finalmente llegar a la declaración indagatoria de los acusados.

La investigación se centra actualmente en aquellos que estuvieron al cuidado más inmediato del Diez en la casa del country San Andrés, sean personal médico o no, pero que han tenido la responsabilidad de controlarlo y auxiliarlo, con el ídolo confinado en una habitación en una internación domiciliaria sin un llamador de cama, un tanque de oxígeno o un desfibrilador. Es decir, aquellos que estaban en una “posición de garante de su vida”, explican en los tribunales de San Isidro.

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