Medicos cubanos (imagen de Archivo) Foto © Enrique Ubieta / Granma

Contratos a médicos cubanos alquilados a terceros países evidencian arbitrariedad gubernamental

El impedimento de entrada a Cuba por 8 años, con que el gobierno castiga a médicos que abandonan su trabajo en el extranjero, implica una prolongación de la arbitrariedad gubernamental, pese a que el contrato se haya extinguido, sostiene el  Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que cita las restricciones para la legalización de títulos y programas de estudio y la posibilidad de ser encausado penalmente como hitos del abanico represivo contra el personal sanitario alquilado a terceros países.

CiberCuba obtuvo un contrato de que regula el vínculo entre el gobierno y los médicos y demás personal sanitario que alquila a países extranjeros para atender enfermos de coronavirus, como miembros de la brigada "Henry Reeve", y pidió sendas valoraciones jurídicas y administrativas al OCDH, a tres juristas cubanos y a un bufete español.

Las actuaciones del gobierno cubano se encuadran en la descripción que la norma internacional hace de Trata de Personas, sostiene el OCDH, que califica de "relación no consensual" los contratos entre la estatal Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S. A. y el profesional, debido a factores que obligan o conducen al contratado a aceptar dichas condiciones contractuales, precisa.

Primera página contrato para alquilar médicos cubanos en el extranjero / Foto: CiberCuba

Las actuaciones que rodean a las misiones médicas violan importantes convenciones ratificadas por el gobierno cubano ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el Convenio 29 sobre el trabajo forzoso, el Convenio 95 sobre la protección del salario y contra la confiscación del mismo, el Convenio 111 contra la discriminación en el empleo y el Convenio 158 sobre la terminación de la relación del trabajo, donde se prohíbe el despido por opinión política, concluye el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Una abogada vinculada a la defensa de opositores en Cuba, que pidió no ser identificada, considera que el contrato no tiene una acertada elaboración técnica pues no contempla los fundamentos de derechos, o sea la legislación que ampara el acuerdo; y tan sólo hace una mención eventual a la Resolución 168, de 29 de marzo de 2010, “Reglamento Disciplinario para los trabajadores civiles cubanos que prestan sus servicios en el exterior como colaboradores”.

En la práctica, los colaboradores firman en blanco la proforma del acuerdo, o al menos sin consignar la cuantía del estipendio mensual a recibir para gastos personales, por lo que este documento "no es un verdadero contrato consensuado entre las partes, sino tan sólo una formalidad para controlar a los colaboradores como siervos o vasallos sin mayores derechos durante la misión de colaboración", sostuvo la jurista que lamenta que "la crisis económica de Cuba obliga a trabajadores sanitarios a aceptar  condiciones leoninas para mejorar algo su nivel de vida".

Para la mayoría de los médicos, incluidos especialistas, y enfermeras, una misión en el extranjero,es la única forma de mejorar sus vidas y las de sus familias, incluida una mejor alimentación, recordó.

La jurista sostiene que el contrato tiene "una contradicción insalvable de fondo", al establecer que el colaborador continuará recibiendo en Cuba, los beneficios salariales, laborales y de seguridad social al amparo de la legislación cubana y sólo contempla recibir un estipendio mensual en la misión para cubrir sus gastos personales, es decir, el colaborador sigue siendo un empleado del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) cubano y recibe su correspondiente salario como si continuara trabajando en su puesto habitual, más un estipendio para gastos personales, que determina las autoridades de la misión médica.

El gobierno cubano se queda con todo el dinero por el trabajo de los sanitarios y sólo les paga un estipendio para gastos personales. Una nueva forma de servidumbre", sentenció.

El contrato es rellenado al dictado de funcionarios y obliga a dejar en blanco el dinero a percibir / Foto: CiberCuba

La Resolución 168, de 29 de marzo de 2010, “Reglamento Disciplinario para los trabajadores civiles cubanos que prestan sus servicios en el exterior como colaboradores”, contempla, entre los deberes de los colaboradores en el Capítulo II, artículo 2, inciso N: “Informar al jefe inmediato superior de sus relaciones amorosas con nacionales o extranjeros, residentes o no en el país donde presta colaboración y, en su caso, con antelación suficiente a su concertación, sobre la intención de contraer matrimonio en el país donde prestan los servicios.”, concluyó la jurista cubana.

Otros dos juristas cubanos, residentes en naciones europeas y que prefieren no ser identificados por temor a represalias del gobierno en sus viajes familiares a Cuba, sostienen que el acuerdo se ajusta, en sentido general, a lo establecido en el Código de Trabajo de Cuba, aunque es un poco ambiguo en su redacción y su clausulado dista mucho de lo que realmente debiera ser un contrato laboral.

Como todo contrato por adhesión "los trabajadores no tienen la posibilidad de cambiar nada, lo aceptan o no; las únicas cláusulas en las que se abunda un poco más son las que regulan las obligaciones del trabajador, característico también en los contratos en Cuba donde el Estado adopta una posición de superioridad", matizan.

En el artículo G de la cláusula Segunda se establece que el trabajador percibirá en Cuba todos los beneficios de la seguridad social etcétera, etc., según se regula en la legislación laboral cubana, pese a que el contratado esté trabajando en el extranjero, resulta complicado estar ejerciendo una actividad laboral en otra nación y que tus derechos te sean reconocidos en tu pais, señalaron.

"Conocemos el caso de una doctora que, trabajando en Brasil salió embarazada y no le dieron la posibilidad de solicitar licencia de maternidad, tuvo que trabajar en condiciones muy difíciles durante todo el embarazo e incorporarse a trabajar solo 10 días después del parto", narraron.

El contrato, “extraño y escueto”, no describe los derechos que asisten al contratado, dando a entender que la empresa (Estado) es quien decide el órgano donde resolver cualquier conflicto que pudiera surgir; algo similar a lo que ocurre con el "estipendio" que cobra el profesional por su trabajo en el extranjero, una suma ínfima en comparación con lo que cobra el estado cubano por la prestación del servicio.

Por su parte, una experta española en Derecho Laboral, adscrita a la delegación de un bufete internacional en Madrid, y que tampoco quiso ser identificada por reglamento interno de su entidad, apreció "un claro abuso, en el momento en el que el intermediario percibe el 80% del precio del servicio y el contratado un 20%, descartó que el documento vulnere, en modo alguno, los principios de la OIT, y sugirió indagar la cuantía del salario convenido entre las partes por si no respetase el mínimo establecido por la legislación cubana.

Criterio que no coincide con la apreciación de María Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, que acusa al gobierno cubano de traficar con personas, alquilando personal sanitario a terceros países, mediante convenios bilaterales opacos, que se ejecutan con la complicidad de gobiernos extranjeros y en condiciones de servidumbre y explotación laboral, con notables ganancias para La Habana.

Por su parte, Jason Poblete, presidente de Alianza Global para la Libertad (GLA, por sus siglas en inglés) señaló a CiberCuba la contradicción que implican los convenios con el gobierno cubano de terceros países que, a su vez, mantienen acuerdos con Estados Unidos para combatir la trata de personas y proteger los derechos laborales.

La Plataforma Cívica No somos desertores, con abundante documentación y testimonios sobre el destierro de ocho años con que el gobierno castrista castiga a médicos y personal sanitario que abandonan su trabajo en el extranjero, deja claro la tragedia que golpea a las familias cubanas.

"Somos miles de profesionales y técnicos cubanos, residentes en diversas partes mundo, a los que hoy el gobierno cubano les niega la entrada a la tierra que los vio nacer y, con ello, el derecho de ver y estar con la familia. En Cuba tenemos hijos, padres, abuelos y hermanos. No somos pocos los que tenemos, además, familiares gravemente enfermos o fallecidos a los que también las autoridades les han negado el consuelo de la presencia de sus seres más queridos en momentos difíciles".

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Carlos Cabrera Perez

Periodista de CiberCuba. Ha trabajado en Granma Internacional, Prensa Latina, Corresponsalías agencias IPS y EFE en La Habana. Director Tierras del Duero y Sierra Madrileña en España.

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