Dos funcionarios demócratas de Florida pidieron al Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigue al gobernador Ron DeSantis por el presunto envío de vacunas contra el Covid-19 a los barrios más ricos del estado a cambio de contribuciones para su campaña.
La comisionada de Agricultura, Nikki Fried, y el líder demócrata del Senado, Gary Farmer, emitieron sendas declaraciones instando al Fiscal General de Estados Unidos y al FBI a investigar si las contribuciones de $3.9 millones hechas al comité político del gobernador, desde diciembre, guardaban relación con la distribución de vacunas.
Este jueves, el gobernador criticó airadamente un informe del diario The Miami Herald que hacía referencia a un boletín interno enviado a los residentes del rico enclave cerrado del Ocean Reef Club, ubicado en el norte de Cayo Largo.
Durante el pasado enero, los datos estatales sobre vacunas por códigos postales mostraron que a medida que los vecindarios de bajos ingresos tendían a ser más afectados por la propagación del COVID-19, los vecindarios más ricos recibían vacunas a un ritmo más rápido que el resto del estado.
DeSantis negó tener participación en la distribución de la vacuna en el Centro Médico de Ocean Reef y dijo que la vacunación fue manejada por un "hospital del sur de Florida", que luego fue identificado como Baptist Health System.
"Ese no era un sitio en el que estuviéramos involucrados en los Cayos", dijo DeSantis en una conferencia de prensa este jueves en Crystal River.
Más tarde, los funcionarios del condado de Monroe le dijeron al Herald y al Tampa Bay Times que el estado y el sistema hospitalario coordinaban la distribución de la vacuna a la comunidad adinerada.
"Ocean Reef Medical Center recibió las dosis como parte del programa del Gobernador para vacunar a las comunidades con una población de 65 años o más", dijo Kristen Livengood, portavoz del condado de Monroe, en un correo electrónico este jueves.
Farmer, un demócrata de Lighthouse Point, dijo a los periodistas en Tallahassee que si el gobernador no tenía ningún papel y la comunidad adinerada no recibía un trato especial, “entonces el gobernador no debería temer en absoluto una investigación. Dejemos eso a la vista ".
Baptist Health estuvo entre los hospitales que recibieron vacunas en enero para distribuirlas a personas mayores de 65 años y pacientes de alto riesgo. Sin embargo, para el 19 de enero, tres días antes de que se enviara el boletín por correo electrónico a los residentes de Ocean Reef, Baptist Health anunció que cancelaría todas las citas de vacunación de primera dosis reservadas para el 20 de enero en adelante y que no se realizarían nuevas citas.
"Desafortunadamente, su cita para recibir la primera dosis de la vacuna COVID-19 en Baptist Health ha sido cancelada debido a la incertidumbre del suministro de la vacuna", escribió el sistema hospitalario a miles de personas mayores y personas con afecciones médicas subyacentes en un correo electrónico.
DeSantis elogió al hospital por proporcionar dosis al Ocean Reef Club, un vecindario ultra exclusivo que, según Sotheby's International Realty, tiene más de 2,100 miembros que viven allí a tiempo completo o parcial.
“Apoyo a los hospitales a que sean realmente proactivos al tratar de llegar a la mayor cantidad posible de personas mayores”, dijo el gobernador. Llamó a la historia del Miami Herald como una "pieza de éxito realmente muy mal ejecutada".
La portavoz de Baptist Health, Dori A. Alvarez, dijo el jueves por la noche en un comunicado enviado por correo electrónico que el sistema de salud “ha estado trabajando con el estado para brindar apoyo logístico a la distribución de las dosis contra el COVID-19 en toda la comunidad del sur de Florida a través de hospitales, clínicas y socios, desde Palm Beach hasta los Cayos, incluido el Centro Médico de Ocean Reef ".
Los informes de campaña de DeSantis muestran que desde diciembre el gobernador ha recaudado un total de $3,9 millones y, el 25 de febrero, un residente de Ocean Reef, Bruce Rauner, exgobernador republicano de Illinois y expresidente de la firma de capital privado con sede en Chicago, GTCR, emitió un cheque de $250,000 dólares.
DeSantis, por su parte, ha mantenido un estricto control sobre la información relacionada con la distribución de suministros de vacunas en Florida, negándose a divulgar información sobre cómo el Departamento de Salud de Florida decide qué hospitales, condados y farmacias privadas reciben las dosis y cuántas.
Todos los elementos anteriores llevaron a Fried y Farmer a efectuar su petición, este jueves, al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que investigase a DeSantis
"Si esto no es corrupción pública, no sé qué es", dijo Fried en una conferencia de prensa este jueves.
Fried, una demócrata, es también ex defensora pública y se está posicionando para desafiar la esperada candidatura de DeSantis para la reelección el próximo año. Esta acusó a DeSantis de usar la distribución de vacunas “para beneficio político y personal” al “subastarlas al mejor postor” y dijo que se estaba reuniendo con funcionarios del FBI para pedirle a la unidad de corrupción pública que investigara.
“Conozco patrones de hechos. He visto de cerca y personalmente el crimen '', dijo. "No necesito un título en derecho de Harvard para saber que cuando hay humo, hay fuego".
“Le escribo para expresarle mi mayor preocupación por una serie de informes preocupantes relacionados con la distribución de la vacuna COVID-19 en Florida, que plantean dudas sobre si hubo algún quid pro quo involucrado en la asignación de estas vacunas y para solicitar que su oficina lleve a cabo una investigación completa y exhaustiva sobre cualquier posible mala conducta por parte del gobernador DeSantis '', escribió Farmer en una carta al fiscal general interino de Estados Unidos, Monty Wilkinson.
Durante dos meses, diversos periodistas han pedido a la administración de DeSantis que divulgue la ubicación y los criterios utilizados para distribuir las vacunas. Desde entonces, el Departamento de Salud de Florida ha entregado algunos documentos a la oficina del Times / Herald Tallahassee, pero los registros no incluyen detalles completos. Muestran que una cuarta parte de todas las vacunas fueron a los supermercados Publix. Si bien el estado no sabía de antemano adónde estaba enviando Publix las dosis, sí se enteró después y ajustó las asignaciones basándose en eso.
"¿Cómo llegaron a los hospitales?", preguntó Fried. "¿Quién hizo esta solicitud específica? Y por eso solicitamos la investigación, porque hay muchas preguntas sin respuesta y una gran cantidad de rastros en papel que debemos cubrir".
El estado continúa negándose a divulgar los criterios escritos que está utilizando para determinar qué comunidades reciben las clínicas especiales de vacunas emergentes.
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