Actos de repudio a Anyell Valdés e Iliana Hernández Foto © Facebook / Adrián Rubio e Iliana Hernández

Denuncian ante CIDH diversos patrones de represión en Cuba durante el último año

Una coalición de organizaciones y varios activistas políticos cubanos denunciaron este jueves ante la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos el ejercicio en Cuba de diversos patrones de “coerción” y “violencia” contra opositores y otros “grupos específicos”.

Durante la audiencia en línea correspondiente al 179 periodo de sesiones de la CIDH, Rosa María Payá, directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) y coordinadora de la iniciativa “Cuba Decide”, afirmó que “el régimen ejerce terrorismo de Estado en contra del pueblo cubano”.

Según la dirigente opositora, "las acciones represivas del régimen tienen consecuencias aún más dramáticas en medio de la crisis humanitaria que viven las familias cubanas. A medida que aumentan las protestas en favor del cambio democrático en Cuba crecen los actos de terror desde el estado contra los ciudadanos”.

En tal sentido, Payá insistió en que “usar de manera deliberada la coerción y la violencia sobre grupos específicos para infundir miedo en la población se llama terrorismo, y la dictadura lo practica a diario”.

Junto a la FDP, presentaron esta denuncia ante la CIDH organizaciones como la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, Impulsa Latinoamérica y Civil Rights Defenders.

La sesión contó con testimonios sobre la represión que ejerce el Estado cubano por parte del rapero Maykel (Osorbo) Castillo, integrante del Movimiento San Isidro (MSI) e intérprete del conocido tema Patria y vida; la activista Anyell Valdés; la periodista independiente Iliana Hernández, y José Daniel Ferrer, líder de UNPACU.

Asimismo, relató sus experiencias del último año la joven activista Keillylli de la Mora, quien sufrió prisión “política” acusada —según denuncias de junio del año anterior— de “propagación de epidemia por llevar el nasobuco (tapabocas) mal puesto” y, en protesta, realizó una huelga de hambre durante su encarcelamiento.

Por su parte, Maykel Osorbo narró, entre otras, su experiencia de noviembre último en la sede del MSI, cuando junto a otros miembros y activistas cercanos al Movimiento, llevaron a cabo una huelga de hambre —a raíz del encarcelamiento y juicio exprés del también rapero Denis Solís— que fue violentamente interrumpida por la Seguridad del Estado cubanos.

De acuerdo con el director del Centro de Denuncias de FDP, Juan Carlos Vargas, “los registros de [esa entidad] han documentado más de 1 050 víctimas que sufrieron incidentes represivos como hostigamiento, detenciones arbitrarias, golpizas y tratos crueles o degradantes entre otros, ejercidos directa o indirectamente por representantes del Estado”.

Antes de solicitar a la CIDH la creación de un “Mecanismo Especial de Seguimiento para Cuba”, los ponentes expusieron al menos cuatro patrones represivos documentados en Cuba durante el último año.

Estos incluyen “detenciones por motivos políticos empleando la excusa de violaciones a medidas impuestas para prevenir la pandemia y la utilización de centros asistenciales de salud y hospitales como lugares de reclusión y aislamiento”; “abuso de las regulaciones asociadas a la prevención de la COVID-19 para imponer multas a periodistas, comunicadores y ciudadanos por documentar y denunciar los abusos del estado y la manipulación de los servicios de telecomunicaciones”.

Asimismo, “cercos policiales y actos de repudio a los hogares de activistas independientes, opositores políticos, comunicadores y defensores de derechos humanos”, y “confiscación arbitraria y obstaculización de la ayuda y el trabajo humanitario de las Organizaciones de Sociedad Civil, las iglesias y los ciudadanos independientes”.

Durante la presentación virtual de este jueves, los participantes desde la isla experimentaron “problemas de conexión”, algo que también será investigado por la propia Comisión que acogió la audiencia.

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