La activista y opositora cubana Rosa María Payá denunció este lunes que el pueblo cubano enfrenta una catástrofe humanitaria que no es consecuencia del embargo estadounidense, sino de una dictadura que acumula fortunas fuera de la isla mientras sus ciudadanos padecen escasez y represión.
«Los cubanos enfrentan una catástrofe humanitaria provocada por una dictadura que posee miles de millones de dólares en cuentas extranjeras», escribió en un mensaje de X Payá, fundadora de Cuba Decide, iniciativa que promueve un plebiscito vinculante para una transición democrática en la isla.
La activista señaló que la única salida real pasa por un cambio de sistema: «El cambio democrático es la vía para tener una oportunidad de salir de esta crisis».
También urgió a la comunidad internacional a actuar: «El sufrimiento humano crece y el régimen solo responde con más represión».
La declaración llega en el peor momento humanitario que Cuba ha vivido en décadas. El sistema eléctrico sufrió su cuarto colapso total del año el 10 de julio de 2026, con cortes de entre veinte y veinticinco horas diarias en varias provincias.
En abril de 2026, 461 de 651 medicamentos esenciales no tenían existencias en farmacias estatales, según datos recogidos por organizaciones de seguimiento de la crisis.
La ONU lanzó un llamamiento humanitario de 94 millones de dólares para atender a cerca de dos millones de cubanos afectados, aunque a mediados de mayo el déficit de financiamiento superaba los 60 millones.
Frente a esa brecha, la administración estadounidense comprometió hasta 100 millones de dólares en asistencia, canalizados a través de la Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales independientes para evitar que el régimen intercepte los fondos.
La Comisión Europea, por su parte, anunció en julio 10 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria.
El argumento de Payá sobre los recursos del régimen tiene respaldo documental. Un informe de la BBC basado en documentos filtrados al Miami Herald estimó los activos de GAESA —el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas— en al menos 17,894 millones de dólares a marzo de 2024, aunque la propia BBC aclaró que no pudo verificar esas cifras de forma independiente.
Días antes de este tuit, Payá ya había descrito a GAESA como una «empresa privada de los Castro, con miles de millones de dólares en cuentas extranjeras», calificando esos fondos como robados al pueblo cubano.
El régimen, en cambio, rechaza la caracterización de crisis humanitaria. El canciller Bruno Rodríguez descartó el 1 de julio de 2026 que Cuba atraviese una situación comparable a la de la pandemia, aunque reconoció privaciones severas, y atribuye las dificultades al embargo estadounidense.
El Departamento de Estado de EE.UU. respondió este martes que la crisis es «resultado directo del régimen cubano, su modelo económico que no funciona y su propia incompetencia».
Payá, hija del prestigioso disidente Oswaldo Payá Sardiñas —fallecido en 2012 en circunstancias que su familia atribuye al régimen—, lleva años sosteniendo esta misma tesis.
En diciembre de 2025 ya había advertido que ese año dejaba a Cuba «sumida en una catástrofe humanitaria» marcada por escasez, apagones y represión. En marzo de 2026 fue más lejos al calificar la situación como «la peor de las últimas seis décadas».
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