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Karla Pérez: La última afrenta de la “revolución” al pueblo de Cuba

Cuba es un Estado totalitario cuyas normas jurídicas no protegen a la ciudadanía y los entresijos legales están a merced de conveniencias ideológicas del funcionario de turno. El crimen contra la periodista Karla Pérez es una prueba más de ello.

Cartel promocional de la Constitución en La Habana y Karla Pérez © CiberCuba / Facebook Karla Pérez
Cartel promocional de la Constitución en La Habana y Karla Pérez Foto © CiberCuba / Facebook Karla Pérez

Este artículo es de hace 3 años

Si alguien guardaba un atisbo de esperanza respecto a la Constitución de 2019 como vía para el establecimiento de un Estado de Derecho en Cuba, el destierro de la joven cubana Karla María Pérez y la burda justificación del MINREX lo acaba de fulminar. Bienvenidos al totalitarismo cubano del siglo XXI.

“Ellos quieren venderle al mundo que, aunque diferente, existe un estado de derecho, existe un marco de legalidad, pero que después no pueden llevar a vías de hecho… No son ni siquiera capaces de cumplir los derechos y garantías que establece la Constitución cubana”, dijo el abogado Alain Espinosa en una comparecencia en vivo en Las Mañanas de CiberCuba.

En realidad, la máxima dirección del país solo legisla para la opinión pública internacional, mientras a los cubanos nos extorsiona, chantajea y reprime de todas las maneras posibles.

Si se mirara desde la perspectiva de una transacción comercial, eso que quieren “venderle al mundo” bajo el eufemismo de “Revolución cubana”, es un producto en mal estado cuya fecha de caducidad expiró hace más de 30 años. Antes, hace mucho tiempo, usaban un envoltorio llamativo para su comercialización; ahora no tienen materia prima para procesarlo ni para enmascararlo. El producto, originalmente importado de la antigua Unión Soviética -porque ni siquiera es Made in Cuba- es una estafa en estado de putrefacción. Apesta.

Sobre el crimen del gobierno de Cuba contra Karla, apenas mencionaré los elementos generales para ubicar al lector despistado. La joven fue expulsada de la Universidad en Cuba cuando cursaba la carrera de Periodismo por formar parte del Movimiento Somos +. Tras esto, un centro de estudios superiores en Costa Rica le ofreció una beca para continuar la carrera en ese país.

Al graduarse y vencerse su visa de estudiante, Karla intenta regresar a su país y es privada de su derecho de la manera más burda. Las autoridades cubanas le cobraron por actualizar su pasaporte, por reservar un hotel en La Habana para el confinamiento obligatorio por el Covid-19 y le exigieron hacerse la prueba de PCR en tiempo y forma.

Lo peor de todo fue que permitieron que los padres de Karla se ilusionaran con volver a ver a su hija después de cuatro años y, al llegar a Panamá, país de escala para el que ni visado tenía la joven, la dejaron totalmente desamparada, en un limbo migratorio. Todo porque Karla piensa diferente y no tiene miedo a decirlo. Gracias a gestiones de muchas personas, Karla pudo regresar a Costa Rica y pedir refugio político.

A raíz del escándalo que generó este atropello, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba justificó de la manera más burda la decisión arbitraria de prohibirle a Karla el regreso a su país, supuestamente por motivos de seguridad nacional porque “Cuba tiene derecho a defenderse”.

Uno se pregunta: ¿Qué puede ser más peligroso para un país: una joven de 22 años que lo único que hace es Periodismo o un estado totalitario que separa familias y no respeta sus propias leyes?

Para que exista un Estado de Derecho, la ley no puede estar a merced de ninguna ideología ni condicionada por intereses de índole política. Todo lo contrario, el Derecho debe ser apolítico para que pueda garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de cómo piensen, puedan disfrutar de los mismos derechos y estar protegidos por la ley en igualdad de condiciones.

El requisito más importante que debe existir en toda democracia, específicamente en el ámbito del Derecho, es la prevalencia del imperio de la ley. Es decir, que tanto los ciudadanos como las autoridades, sin distinción, deben someterse a los designios de la ley y no al revés. Esto permite que el ciudadano goce de protección judicial frente a la administración de turno en una sociedad determinada.

Por otro lado, la interpretación de la ley, es decir, la manera en que se aplica la legislación vigente no puede ser arbitraria. Toda norma jurídica posee un margen para la interpretación, de ahí el refrán que reza que “quien hizo la ley, hizo la trampa”, pero cuando la ley no es observada por los propios funcionarios, entonces surgen lo ilegal (cuando se obra en contra de la ley) y lo alegal (cuando se cae en los limbos jurídicos).

Es contradictorio y contraproducente aprobar una Constitución que incorpora el reconocimiento de los derechos humanos, incluido el de entrar y salir libremente de tu país y, al mismo tiempo, desempolvar un decreto ley (No.302) de 2012 como excusa para violar la Carta Magna. Algo similar sucede con el decreto ley 306 que prohíbe la salida del país a los ciudadanos cubanos y que la oficialidad también aplica de manera arbitraria. En estos momentos, se calculan aproximadamente de 6.000 a 8.000 "prohibidos" y 200 “regulados” por motivos políticos. Es una burla y una ofensa a todos los cubanos.

La rancia dirigencia cubana ha enviado un mensaje inequívoco al Consejo de Derechos Humanos en la ONU, en el que Cuba ocupa un puesto inmerecido, y a sus socios comerciales (presentes y potenciales) en todo el mundo. El poder y la impunidad se esconden tras el anonimato con el rótulo de “revolución”, cual marca registrada. Es el branding de la dictadura más antigua del hemisferio que cada vez vende menos.

Las autoridades de Cuba no admiten la renuncia voluntaria de la ciudadanía, pero se toman la atribución de desterrar a sus ciudadanos, de encarcelar al que disiente, de destruir la familia. Piensan que no va a pasar nada, que seguimos en una burbuja de desinformación y aislamiento como en los años 70. No acaban de aterrizar en el siglo XXI y creen tener impunidad para rato. No calculan el costo político de su más reciente torpeza que, más temprano que tarde, les pasará factura. Tal vez muy pronto.

Cuba es un Estado totalitario cuyas normas jurídicas no protegen a la ciudadanía y los entresijos legales están a merced de conveniencias ideológicas del funcionario de turno. Indistintamente, los funcionarios públicos comenten actos ilegales y alegales, poniendo en riesgo la seguridad nacional. ¿Y todo para qué? ¿Qué ganan con tanta maldad?

Karla seguirá escribiendo historias sobre la gente que habita una Cuba agonizante, cantando con su pluma las verdades en la cara de un régimen decrépito y caprichoso, cual tributo a Heredia, otro desterrado. La “revolución”, en cambio, está senil y con Alzheimer. Ya no tiene quien le cante ni quien le escriba. Ya no se reconoce a sí misma. Ya dejó de ser.

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Artículo de opinión: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de CiberCuba.

Annarella Grimal

Annarella O'Mahony (o Grimal). Aprendiz de ciudadana, con un título de Máster otorgado por la Universidad de Limerick (Irlanda). Ya tuvo hijos, adoptó una mascota, plantó un árbol, y publicó un libro.


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