Familiares de fallecidos por COVID-19 en centros de vida asistida y hogares de ancianos del sur de la Florida están preparando demandas legales, mientras que legisladores de ese estado estudian un proyecto de ley que limitaría quiénes pueden presentarle una demanda a un centro de cuidado a largo plazo por una muerte relacionada con el coronavirus.
En el Sur de la Florida se reportaron 1568 muertes relacionadas con el COVID-19 en 265 centros de cuidado a largo plazo. Desde el principio de la pandemia, se han presentado más de 118 demandas por negligencia o mala práctica a distintos centros, según un reporte reciente de América Tevé.
Uno de los centros que se encuentra bajo escrutinio es el Hialeah Nursing and Rehabilitation, donde, según el Departamento de Salud de la Florida, 74 personas fallecieron luego de dar positivo con COVID-19. Ese es el número más alto de casos en un centro así. En medio de la pandemia, el centro tuvo más de 240 casos de coronavirus, y las familias no pudieron visitar a los ancianos durante meses.
Es apenas uno de los centenares de asilos del Estado donde hubo fallecidos.
“Cuando lo cerraron durante la pandemia, ya no había ojos para ver cómo fue el cuidado de estos residentes”, dice Alec Valdés, un abogado de la firma Mallard & Sharp que representa a la familia de Jeremiah Lindo, uno de los fallecidos, en la demanda legal.
La familia alega que el centro falló al no tener "un plan de cuidado adecuado para monitorear o supervisar adecuadamente" a Lindo, y por eso desarrollo úlceras y una infección. “Lo dejaron ahí abandonado en una cama, como un animal, y cogió estas úlceras y se murió”, dice Valdés.
Lindo falleció el pasado diciembre en un hospital local de shock séptico. El centro Hialeah Nursing and Rehabilitation negó ante la corte las acusaciones, diciendo que, en parte, las heridas de Lindo se debieron a otras “condiciones médicas preexistentes, no relacionadas con el cuidado y tratamiento brindado”.
Según la cadena de noticias NBC, este es sólo uno de los muchos casos que se dirimen actualmente en los tribunales de Florida.
En los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe, el estado informó 1,568 muertes relacionadas con COVID en 265 centros de atención a largo plazo. Los investigadores de NBC 6 descubrieron que se han presentado al menos 118 demandas en los tribunales por negligencia o mala práctica contra esas instalaciones desde el 1 de marzo de 2020.
Mientras tanto, legisladores estatales discuten actualmente una propuesta de ley que limitaría quiénes pueden presentarle una demanda a un centro de cuidado a largo plazo por una muerte relacionada al COVID-19.
El senador Jeff Brandes (R-Sant Petersburg) es el autor del proyecto de ley 74 del Senado, que otorgará protecciones legales adicionales a estas instalaciones. Brandes patrocinó el proyecto de ley, que sería retroactivo, porque dice que “esos centros se ocuparon de nosotros durante la pandemia y no los podemos abandonar”. La propuesta no permitiría que se presenten demandas salvo que se pruebe “negligencia grave” o “mala conducta intencional”.
La propuesta de ley que está avanzando en la legislatura estatal no permitiría que se les presenten demandas a estos centros, si su personal carecía de suministros y equipos de protección personal durante la pandemia.
Su proyecto de ley elevaría el umbral legal para llevar con éxito un caso contra un centro de atención a largo plazo por "negligencia grave" o "mala conducta intencional". El proyecto de ley también haría que los proveedores de salud fueran inmunes a las demandas si los suministros o el personal "no estuvieran fácilmente disponibles o no estuvieran disponibles a un costo razonable".
Los centros de atención a largo plazo han sido los más afectados por el coronavirus. Con una población tan vulnerable, las consecuencias de los casos positivos en el interior pueden y han sido mortales.
Brandes dijo que su proyecto de ley espera evitar una avalancha de demandas que buscan un arreglo rápido fuera de los tribunales.
"Si claramente cometieron negligencia grave y pueden probar eso, entonces pueden seguir adelante con su demanda", dijo Brandes cuando se le preguntó sobre las preocupaciones de las familias que buscan acciones legales.
El proyecto de ley de Brandes se combinó recientemente con otro proyecto de ley que otorga a las empresas protecciones de responsabilidad COVID y podría ser votado en el Senado a finales de esta semana.
La representante estatal Colleen Burton (R-Lakeland) tiene una propuesta similar. Una diferencia clave entre los dos proyectos de ley es si las nuevas protecciones legales solo deben aplicarse durante un año después de la aprobación de la ley o si deben prolongarse. Esas diferencias tendrán que resolverse antes de que llegue al escritorio del gobernador Ron DeSantis para convertirse en ley.
A mediados de febrero, Hialeah recibió las primeras mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 y comenzó a aplicarlas de inmediato en cuatro residencias de ancianos en la ciudad.
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