Las autoridades mexicanas negaron la entrada a ese país centroamericano a cinco cubanos buscados por la justicia, de acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Migración (INM) publicado recientemente.
Los antillanos forman parte de un grupo de 1 893 extranjeros que fueron rechazados en el territorio azteca o devueltos a sus respectivos países durante 2020 y el primer trimestre de 2021, por estar presuntamente involucrados en delitos de drogas, robo y homicidio, agresiones sexuales, falsificación, entre otros.
Según el informe, los cubanos aparentemente fueron denunciados por cometer algunos de los delitos, aunque no se especifica cuáles.
“Dentro de las facultades del INM, como instancia de seguridad nacional, está el realizar labores de control migratorio para corroborar la situación de personas de origen extranjero en territorio mexicano, y prevenir el ingreso o estancia de quienes tengan antecedentes por delitos cometidos dentro o fuera del país”, explica el documento.
En lo referente a los cubanos, destaca que estos integran un grupo de 311 personas a las que se les negó el ingreso por denuncias relacionadas con agresiones, drogas, robo, delitos sexuales, falsificación, homicidio, allanamiento, trata de personas, violencia, portación de armas prohibidas, tentativa de homicidio, miembro de pandilla, resistirse a la autoridad, y otros delitos.
Tal grupo contiene representantes de 10 distintas nacionalidades: 136, Honduras; 97, Guatemala; 59, El Salvador; nueve, Nicaragua; cinco, Cuba; y de Estados Unidos, China, Ecuador, Perú y Colombia, uno por país.
“De esta manera, el Instituto Nacional de Migración contribuye a la salvaguarda de la seguridad en el territorio mexicano, con pleno respeto a los derechos humanos”, sostiene el informe.
Los deportados o rechazados en el territorio fueron personas denunciadas por contravenir la Ley de Migración, poner en riesgo la seguridad nacional, estar relacionadas con actividades ilícitas, contar con órdenes de aprehensión o ser requeridos por autoridades de otras naciones.
A 208 se les impidió el ingreso al país en el marco del programa “Ángel Guardián”, al estar acusadas por agresiones sexuales; 630 fueron deportadas por incumplir con la Ley de Migración o ser requeridas por la justicia de su país; 250 más regresaron a su nación al estar vinculadas —a través del “Operativo Platino”— al denominado sistema “gota a gota” (cobro de préstamos irregulares).
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