Un cubano hizo pública en las redes sociales la queja formal que presentara contra Humberto López, conductor de la televisión nacional, y la no respuesta de la fiscalía incluso cuando han pasado los 60 días reglamentados para contestar a estas petitorias.
Leonardo Manuel Fernández Otaño, quien se identifica como un “ciudadano cubano, soltero, y vecino de Alamar, municipio La Habana del Este”, reveló en su cuenta de Facebook los detalles de su queja y lo que le pedía a la fiscalía como compensación por los daños.
Según Fernández Otaño, “movido por los acontecimientos de los últimos días, donde Humberto López fue nombrado miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y al cumplirse los 60 días reglamentarios en los cuales la Fiscalía General de la República tenía que dar contestación a mi queja formal, la cual no ha tenido respuesta”, decidió hacer público su caso en las redes.
Añade que el origen de su queja guarda relación con “el uso de la televisión pública para generar odios, empleando menores de edad”, un ejercicio recurrente en los medios de prensa en Cuba.
La inquietud de Otaño se basa específicamente en el programa de debate político conducido por López, que transmite el noticiero estelar, donde se presentaron a varios adolescentes de 16 años, vestidos de reos, autoinculpándose por haberse involucrado en presuntos planes terroristas orquestados desde Estados Unidos.
“Esto no podemos seguir permitiéndolo. Si esas personas cometieron delito es obligación de las autoridades investigar, pero en ningún modo pueden violar las garantías del debido proceso. Niños, según el derecho internacional, expuestos en la televisión nacional, sin abogado que les recomiende si deben responder o no a las preguntas que le hace un interrogador que nunca sale en esas imágenes”, manifestó sobre el hecho la abogada Laritza Diversent, directora de la organización sin fines de lucro sobre asesoría legal, Cubalex.
“¿Cuántas presiones o técnicas de torturas tuvieron que soportar para llevarlos a ese punto? ¿Dónde está la fiscalía, principal órgano garante de la niñez y su obligación de proteger por encima de cualquier cosa el interés superior del niño?”, añadió Diversent.
Sobre la criminalización de menores de edad, en las condiciones en que los expuso el Noticiero de Televisión Nacional, Otaño indicó: “Bajo ninguna circunstancia este cubano va a permitir que se criminalicen niños y adolescentes en contra de la legislación vigente”, motivo por el cual presentó la queja el 22 de febrero.
“El pasado viernes 19 de febrero del 2021, en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, el ciudadano Humberto López, expuso a dos menores de edad, sometidos a procesos judiciales, violando el derecho a la integridad de los infantes, trasladando al espacio televisivo una función pública de los órganos judiciales y sometiendo al linchamiento mediático a dos menores de edad, violando lo establecido en los protocolos internacionales de cuidado de la infancia y la adolescencia de los cuales la República de Cuba es signataria”, comienza su queja oficial.
“Con esta actitud no se tuvo en cuenta lo legislado en el Código Penal en su artículo 17.1 y cito: 'predominará el propósito de reeducar al sancionado, adiestrarlo en una profesión u oficio e inculcarle el respeto al orden legal'”, continúa.
Otaño pedía a fiscalía que, en compensación por los daños infringidos, se “aclare y tomen las medidas correspondientes sobre las personas que ejecutaron un acto de repudio en el domicilio de la ciudadana Anyell Valdés Cruz, radicado en Calle Morales no.86, entre Finlay y Cisneros Betancourt, en el Municipio de Arroyo Naranjo, La Habana, donde se encontraban dos menores de edad”.
Sobre el acto de repudio contra Valdés, Otaño se refirió y citó los artículos de la Constitución que protegen a los ciudadanos de todo tipo de allanamientos, incluso los que ejecutan agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civiles.
“Solicito que se proceda inmediatamente a la clausura del espacio conducido por Humberto López, con la consiguiente petición de disculpas públicas por tan mal proceder, así como la instrucción penal de los referidos hechos ante la posibilidad de ser constitutivos de delitos previstos y sancionados en el Código Penal de Cuba”, culmina la queja de Otaño.
Su queja no ha recibido respuesta hasta la fecha de hoy, a pesar de que este órgano legal tiene la obligación de ofrecer una contestación hasta 60 días desde que se inicie una petición o se presente una queja.
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