La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) decomisó esta semana todo el aceite y el detergente que tres miembros de una familia habanera llevaban a sus parientes, residentes en el municipio Bartolomé Masó, en la provincia de Granma, en la zona oriental de Cuba.
El matrimonio y su yerno fueron multados además con 1.000 pesos cada uno, acusados de acaparadores, confirmaron a CiberCuba fuentes cercanas a los sancionados.
Según este testimonio, desde Oriente les habían comentado la terrible escasez de productos básicos como el aceite o el detergente, que se vive en zonas rurales, donde no hay tiendas en divisas y tampoco pueden desplazarse a las ciudades por las limitaciones del transporte en tiempo de rebrotes de coronavirus.
"Tú sabes cómo está Cuba. Nosotros estamos acá en La Habana y Oriente está pésimo. Fíjate, el litro de aceite no aparece allá y cuando aparece es a 500 pesos", señalaron.
"El caso es que la Policía los cogió, no los dejó seguir camino y les quitó todo. Eran como 50 litros de aceite para toda la familia", añadieron en declaraciones a CiberCuba.
La familia había ido reuniendo dinero y había ido comprando poco a poco aceite y detergente para abastecer a todos los parientes que viven en el campo. Para trasladar la mercancía, alquilaron un carro de Turismo, que les costó 280 "verdes, comprados a 55, porque estaban perdidos". Optaron por este tipo de vehículos porque son los únicos que tienen permitido transitar por el país, asegura a este portal la misma fuente.
"Te los alquilan con verdes, no en moneda nacional, porque el país quiere recaudar dólares. Compramos uno o dos pomos por casa porque nuestra familia es grande y hay gente con cáncer. Allá los revendedores venden a 400 y 500 pesos la botella de aceite".
Los agentes de la PNR no les quitaron sólo el aceite y el detergente. También les decomisaron un teléfono. La familia de Granma llamó a la Policía de Jagüey Grande para dar fe de que el aceite no era para revender sino para ellos y les colgaron el teléfono.
"¡Qué va! Se lo quitaron todo y encima los tuvieron detenidos 24 horas. Es un abuso lo que están haciendo", añadió.
El Gobierno cubano culpa a los revendedores, coleros y acaparadores de la escasez que vive la Isla. Para sancionar a los "acaparadores" se agarran al artículo 230 del Código Penal cubano, que contempla para ellos, penas que van desde los tres meses al año de cárcel más una multa de 100 a 300 cuotas.
En el capítulo X del Código Penal, dedicado a la especulación o acaparamiento, se criminaliza a quienes adquieren mercancías u otros objetos con el propósito de revenderlos para obtener lucro o ganancias.
También a quien "retenga en su poder o transporte mercancías o productos en cantidades evidente e injustificadamente superiores a las requeridas para sus necesidades normales".
Lejos de entender que por ley de mercado, los precios suben cuando la oferta no satisface la demanda, la ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz, ha culpado a los Estados Unidos y a los acaparadores de la racionalización de alimentos en Cuba.
Con el ánimo de frenar la escalada de precios, el Gobierno cubano ha decidido topar el máximo que a pagar por determinados productos, provocando el efecto contrario ya que con esta decisión se desincentiva su producción y se entra de esta forma en una espiral aún mayor de desabastecimiento.
Desde antes de la pandemia empezaron a verse largas colas en Cuba, que han ido a más debido a la escasez de alimentos y a la falta de dinero en efectivo para importarlos.
Sectores como el Turismo, una de las principales fuentes de entrada de divisas al país, ha caído un 94% en lo que va de año. No obstante, el Gobierno asegura que mantiene sus previsiones de crecer un 6% este año.
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