La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba saludó resolución emitida este jueves por el Parlamento Europeo, en la que condena la situación política y de los Derechos Humanos en Cuba.
"FHRC considera que el documento es el más exhaustivo y contundente en décadas al detallar los recientes y sistemáticos abusos del régimen cubano contra la población de la isla en general, así como contra sectores específicos como los artistas, periodistas independientes, activistas de oposición y derechos humanos, y los miembros de las misiones y brigadas médicas internacionales, entre otros", dijo la entidad en un comunicado.
"Esta demoledora lista de atropellos pone en evidencia el fraude cometido por el gobierno de la isla para tener acceso a los fondos financieros de la Unión Europea, con la complicidad de la oficina del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común", agrega.
La FHRC indica además que el inventario de abusos pone asimismo al desnudo la ausencia de buena fe de La Habana, y cuestiona de forma definitiva la capacidad del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación para facilitar cualquier cambio hacia la prosperidad de la población e incentivar el respeto a las libertades en la isla.
"FHRC felicita a todos los actores de la sociedad civil independiente en Cuba ─como Prisoners Defenders, Archivo Cuba, Víctimas del Comunismo, Outreach Aid for the Americas y otros─ con los que trabajamos durante años en la investigación y denuncia sistemática de esta larga lista de abusos. Las mayorías democráticas de Europa nos han escuchado y se han pronunciado", añade.
Este 10 de junio el Parlamento Europeo aprobó por 386 votos a favor, 286 en contra y 59 abstenciones una fuerte resolución de condena a a la situación política y de Derechos Humanos en Cuba, en la que condena, entre otras cosas, las constantes detenciones a artistas, activistas, periodistas independientes y opositores en la Isla.
Entre otros asuntos, la resolución lamenta el creciente número presos y condenados políticos en la isla, muchos por peligrosidad social pre-delictiva; pide la derogación de los recientes Decretos 349 y 370 que “violan la libertad de expresión” y reclama garantías a un juicio justo para activistas y disidentes.
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