La policía de Sancti Spíritus realizó durante mayo un total de 1.050 operativos contra personas que fueron acusadas de presuntamente gestionar casas almacén, enriquecimiento ilícito, infracción de las normas de protección al consumidor y tráfico de divisas.
La cabecera provincial, Jatibonico, Trinidad y Cabaiguán fueron las localidades donde más denuncias recibió la policía, según reportó el periódico oficialista Escambray, citando un informe de esa institución militar.
En el quinto mes del año la policía espirituana desmanteló al menos 60 casas almacén, donde se acopiaban fundamentalmente productos agropecuarios y del hogar, 16 fábricas de ron, refrescos, dulces, tabaco, pan y 3 talleres destinados a la chapistería y pintura, todos considerados ilegales por las autoridades cubanas.
Las infracciones penadas por la policía implican a trabajadores estatales y del sector privado vinculados a Comercio y Gastronomía, Mercados Agropecuarios y puntos de la Agricultura Urbana, y aunque no se detalla quién protagonizó la mayor cantidad de delitos, se multaron a 280 personas y otras 73 han sido apercibidas.
La policía de Sancti Spíritus asegura que en los primeros cinco meses del año realizó 187 decomisos, y de ellos sobresalen 534.007 libras de cebolla, 22.554 de tomate, 17.844 de arroz, 2.872 de ají, 2.426 de frijol, 1.814 de papa y 1.100 de boniato, 1.290 libras de carnes de res y de cerdo, 36.462 cajas de cigarros y 7.828 unidades de artículos de aseo
Las autoridades cubanas están amparadas a actuar bajo el Decreto 30/2021 que establece elevadas multas, entre otras sanciones, a quienes alteren los precios y vulneren la protección al consumidor en Cuba y en el Código Penal donde se tipifica el delito de acaparamiento con sanciones de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.
Aunque marzo fue el mes donde más sanciones económicas se aplicaron, amparadas en el Decreto antes mencionado, en los primeros cinco meses del año las multas ascienden a 278, con un valor que supera los 900.500 pesos.
Este informe de la policía sigue la orden dada por las autoridades del Partido y el Gobierno comunistas de publicar en los medios aquellos casos en los que se vean afectados los intereses económicos institucionales o se violen las medidas sanitarias impuestas por el coronavirus.
En ese sentido, juristas cubanos mostraron preocupación porque la orden se convirtió en tendencia y a su vez en juicios ejemplarizantes que violan los derechos constitucionales de los ciudadanos al exponerse la identidad de los acusados ante la opinión pública.
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