CIVICUS Monitor, una alianza global que busca empoderar organizaciones de la sociedad civil, hizo un llamado al gobierno cubano a detener la represión contra ciudadanos, activistas y opositores en la isla.
Ese ente consideró a Cuba como "cerrada a las protestas ciudadanas", y en tal sentido pidió al régimen –a través de Twitter– detener de inmediato las detenciones arbitrarias ilegales a corto plazo, los arrestos domiciliarios, el exilio forzado y las campañas de difamación contra las voces disidentes".
Además, en una declaración firmada por siete organizaciones, solicita a la comunidad internacional "exigir que el gobierno cubano rinda cuentas por sus acciones".
Entre estas, CIVICUS Monitor menciona "los actos de agresión cometidos por policías en las últimas semanas contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en huelga de hambre; las golpizas y detenciones de miembros del Movimiento San Isidro (MSI); el exilio forzoso impuesto a los ciudadanos cubanos, convirtiéndolos en apátridas; arrestos domiciliarios permanentes; y campañas de desprestigio contra periodistas, artistas y disidentes".
“Estamos profundamente preocupados por el patrón continuo de represión contra las voces críticas que se expresan libremente sobre el status quo actual en el país. (...) Las organizaciones internacionales, la prensa extranjera, los gobiernos democráticos y las embajadas presentes en La Habana deben monitorear rigurosamente las violaciones sistémicas de los derechos humanos, brindar asistencia a los defensores de derechos humanos que sufren abusos y exigir una respuesta confiable del gobierno cubano", señala el texto.
Para estas organizaciones es urgente que la comunidad internacional se solidarice con las víctimas y se oponga en un frente común a los abusos perpetrados por la Seguridad del Estado cubana.
"Estos actos no se pueden normalizar a los ojos de la opinión pública mundial", subraya la declaración.
Además, afirma que es "inaceptable que el gobierno cubano haya convertido las casas de los activistas en cárceles permanentes y que siga intimidando a sus emigrantes con la condena a la apatridia. Las campañas de manipulación mediática desplegadas por los medios oficiales de prensa, que constituyen una incitación al odio y la violencia contra quienes disienten del sistema político, deben ser denunciadas con urgencia", puntualiza el documento.
La plataforma, que registra las violaciones de los derechos cívicos a nivel mundial, relata la huelga de hambre de más de 50 activistas de UNPACU en marzo último y la violencia contra miembros del MSI.
"Luis Manuel Otero y Maykel Obsorbo, dos de los principales objetivos, han regresado con frecuencia a casa con hematomas, cortes y ropa rota", dice; y menciona a varios jóvenes detenidos en protestas de abril.
"El 5 de abril fueron detenidos en La Habana los activistas y periodistas Luis Manuel Otero, Héctor Luis Valdés, Esteban Rodríguez, María Matienzo, Kirenia Yailit y Manuel Cruz. En Camagüey, Bárbaro de Céspedes permaneció desaparecido durante varios días, luego de ser detenido en la puerta de una iglesia. Llevaba una cruz de madera con la inscripción "61 años de comunismo" como símbolo de protesta", expresa la declaración; que también recuerda el caso de la periodista Karla Pérez González, a la que el régimen le prohibió ingresar al país el 18 de marzo.
Esta organización refiere que Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Tampoco ha extendido una invitación al relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que visita a los presos políticos, no ha podido ingresar a la isla desde 1989.
Cuba es también el único país de las Américas que Amnistía Internacional no ha podido visitar desde 1990 y en la edición 2021 del informe Freedom in the World de Freedom House, la isla fue calificada como "No Libre", obteniendo 13 de 100 puntos posibles, la puntuación más baja de América Latina.
En 2019 esa alianza global, dedicada a fortalecer la acción ciudadana en el mundo, también alertó que Cuba es el único país del continente americano que está totalmente cerrado, tanto en la ley como en la práctica, a las protestas públicas.
CIVICUS elabora un reporte cada año con la contribución de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, asociaciones profesionales, ONGs y fundaciones filantrópicas, entre otros, clasifica a los gobiernos en cinco categorías según el respeto que muestren hacia las libertades civiles: abiertos, estrechos, obstruidos, reprimidos o cerrados.
Al igual que en 2019, el informe tiene al país caribeño como el único "espacio cívico cerrado en las Américas".
La declaración fue firmada por las organizaciones CADAL; CIVICUS, Civil Rights Defenders, Freedom House, People in Need, Race and Equality, y Robert F. Kennedy Human Rights.
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