Consulado de España en Cuba sobre Ley de Memoria Democrática: "Todavía no es un texto legal en vigor"

La posibilidad que abre la nueva Ley, de aprobarse en el Congreso el anteproyecto, podría beneficiar a miles de cubanos.

Embajada de España en La Habana Foto © CiberCuba

El Consulado de España en Cuba no realizará ningún tipo de trámite ni ofrecerá aclaraciones a los interesados en acogerse a la Ley de Memoria Democrática para obtener la ciudadanía española, ya que se trata de un proyecto de ley que todavía no ha recibido la aprobación del Parlamento.

“Ley de Memoria Democrática: Se informa que el proyecto de ley se ha enviado al Parlamento. NO es todavía un texto legal en vigor. No se contestarán ningún tipo de comunicaciones en relación con el trámite parlamentario. Tampoco citas o documentación”, informó la oficina consular de España en La Habana.

El Gobierno español aprobó este miércoles enviar al Parlamento el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que prevé otras dos nuevas vías para adquirir la nacionalidad española, según informa el Ejecutivo en su página web.

De ser aprobado por los legisladores, podrán solicitar la nacionalidad los hijos de españolas que la perdieron al casarse en el exterior con anterioridad a 1978, así como los hijos mayores de edad de los españoles a los que se les reconoció la ciudadanía de origen por derecho de opción.

Sobre este último supuesto, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños García, aclaró que la ley actualmente vigente “solo afectó a los hijos menores” y con la modificación propuesta abriría “la posibilidad a los hijos mayores de edad en aquella fecha”.

Ambos supuestos, añadidos al anteproyecto de Ley, son los que afectan directamente a los cubanos descendientes de españoles. El resto del borrador presentado a las Cortes se centra en lo que Bolaños llama “recuperación, salvaguarda y difusión de los valores democráticos”.

El texto que llegará al Congreso de los Diputados españoles es una versión "mejorada con informes" del presentado en septiembre de 2020 entre PSOE (socialistas) y Unidas Podemos (comunistas), indicó el ministro.

Se trata de una actualización de la vigente Ley de Memoria Histórica de 2007, conocida en Cuba como la “Ley de Nietos”. De pasar el trámite parlamentario, la ahora llamada Ley de Memoria Democrática parece que tendrá corta vida, según las encuestas que dan mayoría al PP (conservadores) en las elecciones dentro de 2 años. Su líder, Pablo Casado, adelantó este martes al diario ABC que, de resultar elegido, la derogará y en su lugar aprobará la Ley de Concordia.

“En esencia, la futura Ley de Memoria Democrática busca reconocer a todas las víctimas del golpe de Estado de julio de 1936 y de la dictadura franquista. Con la nueva norma será el Estado el responsable de buscar a los desaparecidos y recuperar sus restos, un asunto que ha agitado el debate político de España desde el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, bajo cuya presidencia se aprobó la llamada Ley de Memoria Histórica.

Asimismo, el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aclara que no habrá indemnizaciones para las víctimas del franquismo, pero se hará una auditoría de los bienes expoliados por la dictadura por motivos políticos o ideológicos.

Además, la normativa contempla la posibilidad de poder extinguir asociaciones o fundaciones que exalten la dictadura o el franquismo, lo cual afectaría directamente a la Fundación Francisco Franco.

En Cuba se estima que residen 150 mil españoles o descendientes de españoles, mientras en España a 1 de enero de 2021 había 61.589 cubanos con residencia legal. En total son 160.853 residentes en España de origen cubano (2020).

La posibilidad que abre la nueva Ley, de aprobarse en el Congreso el anteproyecto, podría beneficiar a miles de cubanos que podrían acogerse a los nuevos supuestos de adquisición de la nacionalidad española.

En momentos de agudización de la crisis que atraviesa la isla, las autoridades consulares españolas en La Habana sospechan que las expectativas de los cubanos en relación con esta Ley pueden ser altas, lo cual conllevaría un aumento del número de consultas y trámites relacionados con ella. Sin embargo, de momento, avisan: “no es un texto legal en vigor”.

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