Prensa española pone la lupa sobre la empresa del régimen que recibió 1,6 millones de euros por la Ley de Nietos

El Gobierno de España pagó 1,6 millones de euros al Grupo Empresarial Palco, una empresa estatal cubana vinculada al conglomerado militar GAESA, para gestionar parte del personal que atendió las más de 350,000 solicitudes de nacionalidad española presentadas en Cuba al amparo de la llamada Ley de Nietos, según reveló este domingo una investigación del diario español 20minutos.

De acuerdo con el reportaje, el Ministerio de Asuntos Exteriores español adjudicó tres contratos a Palco, entidad que, por disposición de la legislación cubana, es la única autorizada para suministrar trabajadores a representaciones diplomáticas extranjeras en la Isla. Esa condición convirtió a la empresa estatal en un actor clave durante el proceso de tramitación de expedientes de nacionalidad.

El contrato de mayor cuantía ascendió a 1.131.295 euros y permitió la incorporación de 87 auxiliares de oficina y servicios al Consulado General de España en La Habana para atender el elevado volumen de solicitudes. Un segundo contrato, por 242,743 euros, cubrió servicios para la Embajada de España, mientras que un tercero, valorado en 228,000 euros, correspondió al alquiler de un inmueble destinado al personal contratado. Los tres acuerdos permanecerán vigentes hasta diciembre de 2028.

La investigación también sostiene que el esquema de contratación permitió a Palco retener parte del dinero abonado por España. Según 20minutos, el Ministerio de Exteriores pagaba entre 205 y 210 euros mensuales por cada trabajador, mientras que los empleados recibían entre 133 y 135 euros al mes, quedando el resto en manos de la empresa estatal.

Una empresa integrada en el entramado de GAESA

Palco está subordinada al Consejo de Ministros de Cuba y forma parte del entramado empresarial asociado a GAESA, el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas cubanas que concentra una parte significativa de la economía nacional.

El 1 de mayo de 2026, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a GAESA mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que describió al conglomerado como «el corazón del sistema comunista cleptocrático» cubano. Posteriormente, el 23 de junio, Washington amplió esas sanciones a otras cinco entidades vinculadas al grupo.

Según el reportaje, Palco nació hace más de cuatro décadas para organizar congresos y ferias, aunque fue constituida formalmente como grupo empresarial el 15 de enero de 2011. En su sitio web se presenta como una organización especializada en ofrecer servicios integrales al Gobierno cubano, sus invitados oficiales y el cuerpo diplomático acreditado en la Isla. Actualmente reúne diez empresas dedicadas a actividades que van desde la contratación de personal y el arrendamiento inmobiliario hasta la construcción, la importación y la floristería.

La Ley de Nietos sigue alimentando el debate político

La investigación de 20minutos añade nuevos elementos a la controversia que rodea la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos.

Según el diario, sectores de la oposición española sostienen que el elevado número de nuevos ciudadanos españoles residentes en el extranjero podría tener consecuencias electorales a través del voto exterior. Fuentes parlamentarias citadas por el medio estiman que, en determinadas circunscripciones, el impacto podría alcanzar hasta una veintena de escaños en futuras elecciones generales.

El reportaje también recuerda que Cuba no forma parte del Convenio de La Haya sobre la Apostilla, por lo que la autenticidad de los certificados de nacimiento y matrimonio utilizados en los expedientes depende de la documentación emitida y validada por las autoridades cubanas.

En paralelo, 20minutos afirma que el Departamento de Estado de Estados Unidos investiga si la normativa española podría facilitar que personas vinculadas al crimen organizado o al aparato estatal cubano obtengan la nacionalidad española y, con ella, acceso al territorio estadounidense.

En ese contexto, el partido Vox solicitó el pasado 1 de julio la anulación de la instrucción que regula la aplicación de la ley y pidió a la Junta Electoral Central una auditoría del censo de españoles residentes en el exterior, la suspensión de nuevas incorporaciones al registro y la revisión de los contratos suscritos con el Grupo Empresarial Palco.