Canciller cubano asegura que la mayoría de los detenidos el 11J están en libertad y niega que haya desaparecidos

Rodríguez negó las acusaciones sobre desaparecidos, detenciones a menores de edad, juicios sumarios, uso de la violencia policial y casos de tortura.

Canciller Bruno Rodríguez Foto © Captura de video / Cubadebate

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró este jueves que la mayoría de los detenidos el 11J están en libertad y negó la existencia de personas desaparecidas en la isla por participar en las protestas.

En una conferencia de prensa en la que confrontó al gobierno de Estados Unidos por aplicar sanciones a funcionarios cubanos y a las tropas élites que reprimieron las protestas pacíficas ocurridas recientemente en la isla, el ministro se defendió de las acusaciones que hablan de al menos 600 detenidos y/o desaparecidos tras esos hechos.

Durante su intervención, Rodríguez emplazó a la administración de Joe Biden a presentar un caso de un desaparecido.

“Me comprometo en pocas horas a desmentirlo con evidencias. Se han hecho listas de desaparecidos, aquí declaro que son absolutamente falsas y rechazo que exista un solo caso”, dijo el ministro, a pesar de los videos que circulan en internet donde madres cubanas aseguran estar buscando a sus hijos en estaciones policiales sin obtener noticias de ellos. 

“No es en Cuba donde se utilizaron medios de represión sofisticados, equipos mecánicos, sustancias químicas (...) no es Cuba ese país”, agregó.

Asimismo, negó que hayan jóvenes menores de edad detenidos actualmente, y aseguró que “se cumple con estricto apego a la Constitución y con todas las garantías del debido proceso el tratamiento judicial de los casos que se detuvieron”. 

Rodríguez dijo que la mayoría de los arrestados en las protestas “se encuentran en libertad habiendo sido multados o bajo medidas cautelares domiciliarias en los casos en que han sido instruidos de cargos”. 

También rechazó las acusaciones sobre casos de tortura realizadas por algunos detenidos y sus familiares, como las denunciadas por el joven estudiante universitario de Física Leonardo Romero Negrín, quien asegura que las vivió en carne propia. 

El funcionario se defendió recordando la represión en Estados Unidos durante las manifestaciones raciales del pasado año en ese país, y dijo que el gobierno estadounidense no tiene autoridad moral para pedir que se liberen detenidos en Cuba, lo cual consideró un acto de “injerencia”. 

Estados Unidos "miente al decir que eran manifestantes pacíficos, elude reconocer que hubo actos violentos, evita las denuncias que se han hecho por parte de nuestro gobierno" sobre la instigación a presuntos actos de terrorismo, expresó. 

Comentó que en la última semana el país ha estado en “absoluta calma”, y que “los servicios han funcionado con normalidad”. 

El canciller no explica, sin embargo, la evidencia publicada en redes sociales, donde en varios videos puede verse a policías con armas disparando a las manifestaciones, rociando gases lacrimógenos, o arrestando a adolescentes y jóvenes menores de edad.

Este jueves estudiantes universitarios y profesores cubanos presentaron una carta a la Fiscalía General de la República con el nombre de ocho de estos menores: Amanda Hernández Celaya (17 años); Brandon David Becerra (17); Giancarlos Alvarez Arriete (17); Glenda de la Caridad Marrero Cartaya (15); Jonathan Pérez Ramos (16); Hatherin Acosta (17); Leosvani Giménez Guzmán (15) y Yanquier Sardiña Franco (16).

Al régimen también se le ha criticado por violar el debido proceso, luego de que anunciara juicios expeditos para los detenidos y el miércoles condenara –por ejemplo– al fotógrafo cubano Anyelo Troya y otros 10 jóvenes del país, en un juicio sumario sin defensa, ni presencia de sus familiares, por participar en las protestas.

Este jueves el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, General Álvaro López Miera, y a la Brigada Especial del Ministerio del Interior (MININT), por reprimir brutalmente las protestas en la isla.

La medida está sustentada en la Ley Magnitsky (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) contra violadores de derechos humanos y forma parte de un paquete de sanciones que la administración de Joe Biden pondrá en marcha en respuesta a la represión desatada contra los manifestantes cubanos.

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