La prensa oficialista cubana informó este viernes sobre la marcha de los procesos penales contra los manifestantes que el pasado 11 de julio salieron a protestar en las calles contra el gobierno en la provincia de Sancti Spiritus.
Según publica el periódico local Escambray, la Fiscalía de esa provincia ha llevado a cabo cinco procesos penales, que incluyen a 11 personas acusadas.
La fiscal María Esmeralda Pérez Pérez, al frente del Departamento de Procesos Penales en la Fiscalía Provincial, detalló que cuatro de estos procesos fueron en Sancti Spíritus y uno en Trinidad, localidades donde se registraron los reclamos populares.
A uno de los juzgados por manifestarse en la ciudad cabecera, el Tribunal Municipal Popular lo encontró culpable del delito de instigación a delinquir y, en consecuencia, lo sancionó a nueve meses de privación de libertad, con la accesoria de privación de derechos, que comprende la expedición de pasaporte, y la sujeción a la vigilancia de los órganos y organismos correspondientes, encargados de dar seguimiento a su comportamiento social.
Según la versión oficial, este ciudadano, quien contó con representación letrada y no estableció recurso de apelación, incitó públicamente, a través de las redes sociales, a que los espirituanos salieran a la calle, se manifestaran contra el gobierno y subvirtieran el orden.
A nueve de los implicados en los disturbios se les aplicó tratamiento administrativo —en este caso multas ascendentes a 5 000 pesos—, según lo dispuesto en el Artículo 8.3 del Código Penal, que faculta a la autoridad actuante para, en lugar de remitir el conocimiento del hecho al Tribunal, imponer una multa, atendiendo a las condiciones personales del infractor y a las características y consecuencias de los delitos; esta vez el de desórdenes públicos y desacato, indistintamente, acotó Pérez Pérez.
La funcionaria señaló, igualmente, que el proceso penal de otro implicado en los acontecimientos, residente en Sancti Spíritus, está pendiente de ser presentado al Tribunal por los supuestos delitos de desacato e instigación a delinquir.
En la actualidad —añadió—, esa es la única persona que se encuentra cumpliendo prisión provisional, de las relacionadas con las manifestaciones.
Pérez Pérez también aseguró que la Fiscalía Provincial no había recibido ninguna queja de la ciudadanía asociada a los procesos penales radicados o de otra índole vinculada, también, a los disturbios.
Para la Fiscal espirituana, el Estado cubano reconoce en su Constitución el derecho a la manifestación con fines lícitos y pacíficos, "siempre que se ejerza con respeto al orden público y a las preceptivas dispuestas en la ley —lo contrario a lo sucedido en julio".
"Las protestas del 11 de julio quebrantaron el bienestar general, la tranquilidad y la seguridad colectiva", agregó.
"Como parte del enfrentamiento a los hechos ocurridos ese día, otro grupo de personas fue advertido por la autoridad correspondiente, debido a su inadecuado comportamiento social", asegura Escambray.
Tras las protestas del 11J, que tuvieron lugar de manera espontánea en más de 50 localidades de toda la isla, el gobierno cubano desató una ola represiva con golpizas, arrestos y amenazas.
Organismos independientes de monitoreo han contabilizado casi 900 detenidos, de los cuales unos 400 siguen en prisión. Entre ellos habría 12 menores de 18 años.
La prensa oficialista cubana no ha informado del número total de detenidos por el 11J y en cambio reporta los procesos que están llevando a cabo los tribunales de cada provincia contra las personas involucradas en las manifestaciones, que el régimen considera "actos de vandalismo".
El pasado 5 de agosto, el director de Supervisión y Atención a la población del Tribunal Supremo Popular, Joselin Sánchez Hidalgo informó que en los tribunales municipales cubanos se había juzgado, hasta ese momento, a 62 personas relacionadas con las masivas protestas ciudadanas.
Dos semanas después, el 19 de agosto, el número de condenados ascendía a 67.De ellos, apenas 23 se hicieron representar por abogados durante el juicio
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