Organizaciones de DDHH piden a Bachelet que condene represión a protestas del 11J en Cuba

Esperan que la Alta Comisionada haga mención a los abusos en la isla en la actualización anual de su informe, que se dará a conocer el próximo lunes ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Michelle Bachelet se reúne con Raúl Castro y represión en Cuba el 11J Foto © Estudios Revolución - Marcos Evora

El Movimiento San Isidro (MSI) y las organizaciones no gubernamentales (ONG) Prisoners Defenders y Human Rights Watch exigieron a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que incluya la represión desatada en Cuba tras las protestas del 11J en su informe sobre la situación de los derechos humanos a nivel mundial.

Estas organizaciones esperan que Bachelet haga mención a los abusos en la isla en la actualización anual de su informe, que se dará a conocer el próximo lunes cuando la diplomática chilena y expresidente socialista de ese país, exponga ante el Consejo de Derechos Humanos (DDHH) en Ginebra la situación mundial en relación con esta materia.

“Desde el Movimiento San Isidro le solicitamos a la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, que incluya en las reuniones sobre derechos humanos la situación de Cuba a raíz de las protestas del 11 de julio”, expresó este viernes el MSI a través de su cuenta en Twitter.

El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del MSI, fue uno de los miles de cubanos que resultaron detenidos en la histórica jornada de protestas del 11 de julio, cuando decenas de miles de ciudadanos tomaron las calles indignados por la pobreza y la desigualdad creciente, agravada por la crisis del coronavirus que ha paralizado la economía del país y colapsado las instituciones de salud pública de la isla.

“Desde Prisoners Defenders nos sumamos formalmente a la petición clave [hecha] a la Alta Comisionada @mbachelet para el lunes 10am en el “ITEM 2 Oral update by the HC” de la agenda. Acordarse de las miles de víctimas en Cuba sería un gesto de tributo a su dolor y en defensa de los DDHH”, manifestó la organización Prisoners Defenders en un tuit enlazando el publicado por el MSI.

Cumplidos ya dos meses del estallido social del 11J, la ONG Cubalex registra más de mil detenciones de cubanos por manifestarse pacíficamente en más de 60 localidades del país. Sobre la mayoría de los1021 cubanos detenidos que contabiliza esta organización pesan los cargos de desorden público y de propagación de epidemias, aunque también hay casos por atentado, vandalismo, resistencia al arresto e instigación a delinquir.

Por su parte la ONG Human Rights Watch también se sumó a la solicitud del MSI. “Este lunes 13 de septiembre, @mbachelet actualizará al Consejo de DDHH en Ginebra sobre la situación de DDHH a nivel global. ¿Incluirá una referencia a la represión de las protestas pacíficas y las restricciones a libertad de expresión online en Cuba?”, se preguntó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la ONG.

Hasta la fecha, las autoridades cubanas no han dado ninguna información oficial sobre estas detenciones ni sobre la violencia empleada por las fuerzas represoras del régimen, conocidas gracias al registro que empezaron a elaborar organizaciones como Cubalex y activistas defensores de Derechos Humanos en la Isla.

Este martes, Cubalex aclaró que los manifestantes del 11J no podían “ser procesados por delito de desorden público ni ningún otro”, en respuesta a preguntas de usuarios sobre los hechos y la represión de las autoridades en Cuba. La organización argumentó que las protestas del 11J  están amparadas por el Artículo 56 de la nueva Constitución de Cuba, aprobada en 2019.

El citado artículo claramente dispone que “los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”.

También la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, explicó que el delito de desorden público en el código penal prevé una sanción de privación de libertad de tres meses a un año, contra aquel que “sin causas justificadas en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas dé gritos de alarmas, o profiera amenazas de un peligro común”.

“Evidentemente lo que pasó el 11 de julio no tiene nada que ver con el delito de desorden público”, aseguró Diversent. “Los manifestantes del 11 de julio no cometieron un delito, ejercieron un derecho que está reconocido en la Constitución. La ley condiciona el ejercicio al derecho de la manifestación a lo que está establecido en la ley”, concluyó la experta.

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Ivan Leon

Licenciado en periodismo. Máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid. Máster en Relaciones Internacionales E Integración Europea por la UAB.

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