A apenas dos días de la visita del presidente cubano Miguel Díaz-Canel al barrio vulnerable El Fanguito, en el municipio habanero Plaza de la Revolución, funcionario entregaron los títulos de propiedad de sus viviendas a 44 familias que habitaban en condiciones de irregularidad.
El periódico provincial Tribuna de La Habana informó que la medida forma parte del Plan de Transformación Integral de 62 barrios vulnerables habaneros y permitirá a sus propietarios, entre otras cosas, optar a subsidios para reparar sus residencias, inscribirse en el Registro de Consumidores para acceder a la canasta básica normada y contratar el servicio de gas licuado.
Una de las familias incluidas en esta acción fue la de Marvelys Larrazabal Pons, una mujer de origen guantanamero, que vivía desde hacía casi tres décadas en el asentamiento como “emigrante ilegal”; un caso que no es excepcional sino más bien la norma, pues la pobreza y falta de oportunidades fuera de la capital, sobre todo al oriente de Cuba, han obligado durante décadas a miles de personas a emigrar a La Habana y establecerse en los denominados barrios insalubres, asentamientos ilegales o “llega y pon”.
El Fanguito, uno de los más famosos, además de presentar graves problemas de infraestructura e insalubridad, pues se ha extendido de manera arbitraria en los márgenes del Río Almendares, sufre violentas inundaciones y daños en épocas de intensas lluvias y huracanes o cuando aumenta el nivel del mar.
Aunque aún no hay suficiente información disponible acerca de este Plan de Transformación Integral, que surgió con los recorridos que distintos dirigentes empezaron a realizar por barrios históricamente marginados tras las protestas del 11 de julio, una cobertura reciente de la Agencia Cubana de Noticias reveló que hasta el 10 de septiembre se habían legalizado 1825 viviendas y entregado 1876 libretas de abastecimiento a familias que no estaban en el Registro de Consumidores.
El gobernador provincial de La Habana, Reinaldo García Zapata, durante la sesión ampliada del Grupo Temporal de Trabajo de la capital, precisó también que se había ejecutado el 56 por ciento de las acciones previstas y que las entidades con mayor impacto eran Recursos Hidráulicos, la Empresa Eléctrica, los Servicios Comunales y ETECSA.
De acuerdo con una nota de Granma del 18 de agosto sobre un “encuentro de trabajo” que sostuvo Díaz-Canel con otros funcionarios cubanos, el concepto no es intervenir los barrios sino apoyar a los barrios.
“De ellos tienen que salir el diagnóstico, las propuestas, las ideas... Nosotros vamos a ayudar a canalizar todo eso y a trabajar con las personas, con los actores que están en el barrio, lo cual nos permitirá articular bien los conceptos de participación y de democracia”, refiere el texto citando al gobernante que el mismo 11 de julio ordenó a sus seguidores a enfrentarse en las calles a los cubanos que protestaban contra su gobierno.
Sin embargo, mientras a algunas familias de barrios empobrecidos reciben una atención básica que les negaron durante décadas, otras familias de esos mismos barrios y de otros siguen esperando por reunirse con quienes fueron encarcelados por participar de alguna forma en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio y de los días sucesivos.
Activistas y organizaciones independientes como Cubalex han documentado más de mil casos de personas que fueron detenidas o desaparecidas por horas o días tras ese domingo histórico en Cuba.
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