Joven cubano-canadiense encarcelado desde el 12 de julio podría estar enfermo y sin atención médica

Está encarcelado en la Prisión de Jóvenes de Occidente en el Guatao. Allí se contagió de COVID-19, y ahora está amarillo, no se sabe si le afectó el hígado o si tiene hepatitis porque no lo han llevado al médico.

Michael Carey Abadin junto a s su madre Foto © Facebook Cubalex

Un joven de 19 años que fue detenido el pasado 12 de julio, luego de las protestas antigubernamentales que estremecieron la Isla, podría estar enfermo, sin atención médica y en régimen de aislamiento en la Prisión de Jóvenes de Occidente en el Guatao, informó este lunes la artista visual y activista Salomé García en el grupo virtual Desaparecidos #SOSCuba.

Michael Carey Abadin es ciudadano cubano y canadiense. Según comunicó su madre, Yvis Abadin, al equipo de activistas y expertos que se dedican a registrar las detenciones asociadas al 11 de julio, Michael concluyó sus estudios en el Centro Educativo Español de La Habana en el verano de 2020 y se disponía a reunirse con su padre en Canadá poco antes de ser arrestado. 

La madre aseguró que el domingo de las manifestaciones el joven permaneció en su vivienda y que el arresto ocurrió al día siguiente, cuando se encontraba sentado en una esquina de su cuadra, y de repente dos individuos aparecieron lanzando piedras y luego se marcharon corriendo.    

"Desde entonces está encarcelado en la Prisión de Jóvenes de Occidente en el Guatao. Allí se contagió de COVID-19, y ahora está amarillo, no se sabe si le afectó el hígado o si tiene hepatitis porque no lo han llevado al médico. No lo dejan llamar porque está aislado y no le han permitido a su madre volverlo a ver. Ella va todos los miércoles a llevarle sus cosas", relató la nota compartida por García, quien también es editora de la revista independiente Hypermedia Magazine. 

Como en tantos otros casos, el abogado de Michael repite algo que ya han escuchado antes otras madres con hijos presos por participar en las protestas: que así continuará la situación  "hasta que el fiscal decida". 

Cibercuba contactó con Patricia Cepeda, quien fue profesora de Michael en el colegio español durante tres años, y resaltó que es "un chico tímido, tranquilo, amistoso, que nunca estaba metido en problemas, y mantenía buenas relaciones con sus compañeros y profesores". 

"Era muy cariñoso y protector con su madre, porque sabía que era único hijo y sus padres eran ya mayores", recordó Cepeda. 

Salomé García explicó en el post que Yvis Abadin no había hablado antes públicamente del caso de su hijo porque no sabía que existían vías para denunciar "su detención arbitraria e injusta". 

El grupo de Facebook Desaparecidos #SOSCuba se creó el mismo 11 de julio con el fin de visibilizar las violaciones de derechos humanos asociadas a las manifestaciones populares y asistir legalmente a familiares y amistades de personas que han sido víctimas de violencia policial y política o se encuentran privadas de libertad. Lo coordinan activistas de distintas profesiones, todas mujeres, y en conjunto con la organización independiente Cubalex han documentado más de mil casos hasta la fecha.  

La última actualización del listado revela que actualmente en detención se encuentran 533 personas, mientras que otras 466 han sido excarceladas; la mayoría de las cuales pertenece al género masculino (83 por ciento) y a las provincias de La Habana y Santiago de Cuba. 

Pero quizás los datos más alarmantes son los que ponen de manifiesto la represión de jóvenes e incluso menores de edad. García destacó en el comunicado recién publicado que desde el 11 de julio han recibido denuncias de 104 personas de 21 años y menores de edad detenidas en relación con las protestas.

"Siguen detenidos al menos ocho menores de 18 años, cinco de 18 años cumplidos, siete con 19 años, ocho de 20 años, y 17 con 21 años", precisó. 

En declaraciones a Cibercuba, la joven artista, residente en España, dijo que ha tenido noticias de familiares de víctimas del 11 de julio que han experimentado acoso por parte de agente de la Seguridad del Estado por hacer denuncias públicas, y que también ha sabido de personas que han sido excarceladas y han recibido mensajes intimidatorios de las autoridades. 

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