El líder opositor José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue arrestado este martes 29 de abril tras la revocación de su libertad condicional y reenviado a la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba, para cumplir una injusta condena impuesta en 2020.
Luego de abandonar la cárcel en enero pasado como parte de un acuerdo negociado entre el Vaticano y el gobierno de Estados Unidos, el régimen retomó su actuar agresivo, y la noticia del retorno a Mar Verde fue informada en X por Ana Belkis Ferrer, hermana del disidente y quien publicó una nota enviada por el propio Ferrer.
“Nos confirma que ayer fue sacado violentamente de la sede, conducido a la prisión Mar Verde donde lo golpearon para ponerle el uniforme de preso común por la fuerza”, expuso en la citada red social.
El modus operandi de la dictadura ha desatado una ola de indignación tanto dentro como fuera de la isla, al considerar la medida una represalia política encubierta de legalidad.
Arresto violento, sede saqueada y familiares detenidos
Según denunció Ana Belkis, la operación se llevó a cabo con violencia en la sede de UNPACU, ubicada en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba. Además de Ferrer, fueron detenidos su esposa, Nelva Ismaray Ortega Tamayo, su hijo menor Daniel José, y los activistas Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Vaillant.
Acusación: no asistir a audiencias
La vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Sosa, declaró a Reuters que la revocación se debe a que Ferrer incumplió las condiciones de su excarcelación, al no presentarse en dos audiencias judiciales obligatorias.
El argumento ha sido calificado de arbitrario por defensores de derechos humanos, quienes recuerdan que la vigilancia y el hostigamiento constante que sufría el opositor complicaban cualquier movimiento.
Ferrer había sido excarcelado en enero de 2025, tras estar preso desde 2021, cuando fue arrestado durante las protestas del 11J pese a estar entonces bajo libertad condicional. Ahora, tendrá que cumplir totalmente la condena de una sanción previa de 2020.
El blanco de una campaña de descrédito
Días antes de su detención, el régimen ya había intensificado su campaña contra Ferrer. Un artículo publicado por Granma, bajo el título “Activistas contrarrevolucionarios reclaman doble bloqueo contra Cuba”, lo calificó de “mercenario” y lo acusó junto a Rosa María Payá de promover sanciones internacionales contra el régimen.
Una labor humanitaria que incomoda al poder
A pesar de la represión, Ferrer intensificó su labor humanitaria tras su excarcelación, convirtiendo la sede de UNPACU en un centro de asistencia para personas en situación de extrema pobreza, donde muchos acudían a recibir alimentos, medicinas o ayuda básica.
“En cualquier momento puedo ir a prisión”, advirtió Ferrer en una entrevista con CiberCuba, consciente de que su libertad era provisional y precaria. En esa conversación recordó sus años en celdas de aislamiento, la violencia carcelaria, y su constante resistencia al régimen desde el encierro.
El prestigio social ganado por esta labor solidaria habría sido, según activistas, una de las razones de peso para silenciarlo nuevamente.
El regreso a prisión de José Daniel Ferrer no es solo una condena al activismo político, sino también al trabajo humanitario que la dictadura se niega a tolerar. El silencio que pretende imponer no solo afecta a un hombre, sino a una comunidad que encuentra en la solidaridad lo que el Estado le niega.
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