El abogado Miguel Inda Romero, durante sus gestiones para liberar a cientos de migrantes cubanos retenidos en EE.UU., amenazó con demandar al Departamento de Seguridad Nacional por tenerlos en prisión más de 6 meses, período máximo establecido por la ley.
“Al yo saber lo que estaba pasando, al momento, sin pensarlo dos veces, me involucré. Visité siete prisiones. Los fui a ver en persona, en Mississippi, Indiana, Texas, Georgia, en varios lugares, y empecé a ponerle presión a los oficiales de inmigración. Les expliqué que legalmente ellos no podían retener a esas personas más de 6 meses y muchos llevaban 24 meses detenidos”, relató Inda Romero en declaraciones recientes a Radio Televisión Martí.
“Yo hice esto por mi cuenta, a mí nadie me contrató. Los gastos míos fueron por mí. Esto lo hice por principios y justicia, no por dinero ni por fama”, añadió el letrado, que precisó que las gestiones se hicieron entre febrero y abril de este año.
Básicamente lo que hizo fue, de forma colectiva, hacer varias peticiones en cada prisión, por varios prisioneros a la vez. Le empezó a poner presión a cada “deportador”, que tenía bajo su jurisdicción a 20 ó 30 cubanos.
“La ley es bien clara, una persona que tiene orden de deportación lo máximo que pueden estar detenido por inmigración es 6 meses, y de esa manera pude poner presión, siempre diciendo que si no los soltaban íbamos a ir corte federal, íbamos a demandar al Departamento de Seguridad nacional por no cumplir con estas leyes”, relata.
Inda Romero reiteró su agradecimiento tanto a Los Pichy Boys, que dieron visibilidad al problema en sus redes sociales, como a los congresistas cubanoamericanos que se implicaron con el asunto.
En declaraciones anteriores a Telemundo 51, Inda Romero había dicho que la mayoría de esos “casos especiales” entraron en 2018 al país por los puestos fronterizos o cruzando el río Bravo. Fueron detenidos y al solicitar fianzas para esperar sus procesos de asilo en libertad, les fue negada. Al perder sus casos de asilo, recibieron una “orden de deportación”, pero cuando el gobierno de EE.UU. llamaba a su par cubano para intentar deportarlos a Cuba, la isla rechazaba la deportación, lo que hizo que en algunos casos los migrantes llegaran a estar hasta dos años recluidos.
En marzo de este año, los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez pidieron a la administración de Joe Biden la liberación de cientos de cubanos detenidos en centros de inmigración en Estados Unidos, y que se considerara otorgarles la residencia permanente a quienes permanezcan retenidos por más de un año en territorio estadounidense.
En una carta enviada al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, los congresistas reclamaron que los cubanos detenidos por el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puedan recibir un documento de entrada oficial al país (parole) y acogerse a la Ley de Ajuste Cubano (CAA, por sus siglas en inglés).
Establecida desde 1966, la Ley de Ajuste Cubano permite que los migrantes de la isla que hayan estado de forma permanente durante más de un año en territorio estadounidense puedan “ser elegibles para ajustar su estatus", es decir, obtener una residencia legal.
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