La Embajada de Estados Unidos en Cuba criticó este lunes las “duras condenas” contra los manifestantes que salieron a la calle el pasado 11 de julio y pidió al gobierno cubano que "respete las libertades fundamentales del pueblo y libere a todos los manifestantes pacíficos detenidos".
“El régimen de Cuba sigue anunciando duras condenas de hasta 27 años para los manifestantes, incluyendo cargos de sedición contra menores”, detalló la sede diplomática en sus redes sociales.
“Pedimos al régimen que respete las libertades fundamentales del pueblo y libere a todos los manifestantes pacíficos detenidos", añadió junto con el hashtag #PresosPorQué”.
La semana pasada, el grupo de monitoreo Justicia 11J, que recopila denuncias de detenidos y desaparecidos tras las protestas de julio, reveló que la Fiscalía Provincial de La Habana “ha comenzado a utilizar el delito de sedición con una connotación política para enjuiciar a jóvenes de La Güinera que salieron a manifestarse”.
Las condenas que exigen ahora los fiscales para los manifestantes rebasan los 20 años de privación de libertad en la mayoría de los casos, lo que evidencia, según Justicia 11J, el uso de la sedición “como delito político contra personas que exigen derechos elementales y que no tienen formación política”.
“La desobediencia civil no es ni sediciosa ni se debe catalogar como vandalismo. Hacerlo es discriminatorio y elitista. El 11 de julio en Cuba fue espontáneo”, declaró el grupo independiente integrado por periodistas independientes, juristas y activistas.
La Fiscalía pide 20 años de condena para dos ciudadanos, 21 años para 15, 25 años para ocho y 15 para cinco manifestantes. Destacan los casos de Emiyoslán Román, a quien “esperaron que cumpliera 18 años de edad en prisión para proponer condena de 15 años”; Luis Armando Cruz Aguilera, para quien piden 21 años, y de Elieser Gordín Rojas, para el que solicitan un total de 27 años en prisión.
En Santiago de Cuba, el pastor Lorenzo Rosales, del municipio Palma Soriano, se enfrenta a una solicitud de condena de 10 años por participar en las protestas antigubernamentales.
“Las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. De concretarse, estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos. El mundo no puede quedarse callado ante la embestida permanente del régimen de Miguel Díaz-Canel”, señaló recientemente Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Familiares de víctimas, activistas y organizaciones de la sociedad civil pidieron el 21 de octubre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicite al gobierno cubano una visita in locus para constatar el estado de las personas privadas de libertad.
Por su parte, la abogada Laritza Diversent, directora de la organización independiente Cubalex, informó que su ONG y el grupo de activistas de Justicia 11J han registrado más de 1 130 detenciones tras el estallido social. Al menos 572 de ellos siguen en prisión y varias han denunciado “actos de tortura y malos tratos”.
Este martes, además, Brian A. Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano pidió al gobierno que permita el derecho de reunión pacífica y no reprima la Marcha Cívica convocada por la plataforma Archipiélago.
"EE.UU. comparte la visión del pueblo cubano: democracia, prosperidad y derechos humanos. Apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente el #15N y pedimos al gobierno cubano que permita la libre expresión y escuche al pueblo. Sus voces no pueden ser silenciadas", escribió Nichols en Twitter.
El gobierno de EE.UU. advirtió recientemente que impondrá nuevas sanciones al régimen castrista, si este comete acciones represivas contra la manifestación pacífica convocada para el próximo 15 de noviembre.
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