Miguel Díaz-Canel volvió a recurrir al discurso de la “guerra psicológica”, la “subversión” y el enemigo externo para describir el creciente desafío que representan para el régimen cubano las redes sociales, los medios independientes y la circulación de información fuera del control estatal.
“Vivimos el tiempo más peligroso desde la Crisis de Octubre”, afirmó el gobernante, quien aseguró que Cuba está sometida a una “guerra no convencional de alta intensidad” mediante la “subversión digital”, el “financiamiento a mercenarios internos”, las “campañas de descrédito mediático” y las “redes de influencia”.
Díaz-Canel vinculó además esas acusaciones con recientes informaciones de medios estadounidenses sobre un incremento de las operaciones de la CIA relacionadas con Cuba.
“No son filtraciones al azar, como las presentan, sino parte del plan deliberado del régimen estadounidense de guerra psicológica contra Cuba”, afirmó.
El problema de ese discurso es que mezcla bajo una misma narrativa las operaciones de inteligencia de una potencia extranjera, el periodismo independiente, la actividad digital y la expresión crítica de ciudadanos cubanos.
¿Guerra mediática o pérdida del monopolio de la información?
Durante décadas, el Estado cubano controló prácticamente toda la información que circulaba públicamente dentro de la isla.
Internet, las redes sociales y el surgimiento de medios independientes han erosionado ese monopolio y permitido que denuncias, protestas y problemas cotidianos lleguen a millones de personas sin pasar por el filtro oficial.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado detenciones arbitrarias, interrogatorios, amenazas, restricciones de movimiento, confiscación de equipos y otras formas de hostigamiento contra periodistas, activistas y voces críticas en Cuba.
El propio Díaz-Canel habló en su discurso de romper un supuesto “cerco mediático fascista” y llamó a “disputar la hegemonía cultural” y enfrentar lo que calificó como una “maquinaria de desinformación”.
La contradicción resulta difícil de ignorar: el oficialismo reivindica su derecho a librar una batalla política e ideológica por el relato, pero presenta como “subversión” o actividad de “mercenarios” a quienes desafían su versión de la realidad.
¿Por qué no responder al periodismo con periodismo? ¿Por qué no permitir medios privados e independientes dentro de Cuba? ¿Por qué no reconocer el pluralismo y aceptar que criticar al Gobierno no equivale a actuar contra el país?
Y, sobre todo, ¿hasta cuándo seguirá el régimen recurriendo al enemigo externo para desacreditar las voces de una sociedad que también reclama el derecho a expresarse sin permiso del Estado?
De llamar “mercenarios” a amenazar con la cárcel
La expresión “mercenarios internos” utilizada por Díaz-Canel tiene una carga particularmente grave en el contexto cubano.
El Código Penal vigente contempla efectivamente el delito de mercenarismo en su artículo 135, pero su definición está vinculada a la incorporación o colaboración con formaciones militares o empresas militares privadas que actúan en otro Estado. No convierte automáticamente en mercenario a un periodista por trabajar para un medio extranjero o recibir remuneración desde el exterior.
Sin embargo, periodistas independientes han denunciado durante años que agentes de la Seguridad del Estado los amenazan precisamente con acusarlos de “mercenarismo”. CiberCuba ha documentado casos como el del periodista Yoe Suárez, quien denunció en 2021 haber recibido ese tipo de amenaza.
El peligro para la prensa independiente no termina ahí.
El artículo 143 del Código Penal establece penas de cuatro a diez años de prisión para determinadas conductas relacionadas con proporcionar, recibir o poseer fondos destinados a actividades que las autoridades consideren contrarias al Estado cubano y su orden constitucional.
A ello se suman figuras como propaganda contra el orden constitucional, instigación a delinquir, desacato o desórdenes públicos, utilizadas en distintos procesos contra opositores, activistas y ciudadanos críticos.
Delitos como atentado o resistencia también han aparecido en causas vinculadas a protestas, aunque requieren conductas adicionales y no deben confundirse con el ejercicio del periodismo o la libertad de expresión.
El resultado es un entorno en el que las etiquetas políticas pueden tener consecuencias muy reales. Cuando el gobernante del país habla de “mercenarios internos”, lo hace en un Estado donde periodistas independientes han denunciado amenazas con esa misma palabra y donde existen herramientas penales capaces de conducir a años de prisión.
El pluralismo no es “subversión”
Las operaciones de inteligencia extranjeras pueden investigarse y cualquier gobierno tiene derecho a presentar pruebas sobre actividades ilegales. Pero eso no convierte automáticamente a periodistas, activistas, economistas, creadores de contenido o ciudadanos críticos en agentes extranjeros.
Si Díaz-Canel considera falsa una información, puede presentar datos que la desmientan. Si considera que un medio manipula, puede demostrarlo públicamente. Lo que resulta incompatible con una prensa libre es convertir sistemáticamente la discrepancia en sospecha de subversión.
El régimen cubano podría empezar por algo mucho más sencillo que denunciar otra “guerra psicológica”: permitir que las distintas voces de la sociedad cubana puedan expresarse, organizarse y hacer periodismo sin temer una citación de la Seguridad del Estado.
Después de décadas de “enemigos”, “mercenarios”, “campañas mediáticas” y conspiraciones extranjeras, queda una pregunta que el discurso oficial sigue sin responder: ¿cuándo estará dispuesto el régimen a escuchar a los cubanos que piensan diferente sin tratarlos como una amenaza?
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