La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó este jueves cuatro nuevas leyes sobre el sistema judicial que amplían, al menos en teoría, los derechos de los ciudadanos ante los tribunales.
Los legisladores dieron luz verde a las cuatro normas (Ley de los Tribunales de Justicia, Ley del Proceso Penal, Ley de Proceso Administrativo y Ley de Código de Procesos) presentadas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP), en consonancia con la disposición transitoria décima de la Constitución de la República.
Al presentar los proyectos para su aprobación, el presidente del TSP, Rubén Remigio Ferro, recordó que los cuatro documentos recibieron una amplia consulta que contó con la participación de la población, y con criterios y propuestas de diputados, organismos del sector jurídico, universidades y otras instituciones.
El pasado agosto, miembros de la Unión Nacional de Juristas, incluidos profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, sostuvieron un encuentro con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en el que reconocieron las limitaciones de la legalidad socialista en Cuba.
Los cambios se derivan de la Constitución del país aprobada en 2019, que ha requerido reformas para modernizar los obsoletos códigos judicial y penal.
El nuevo marco aborda vacíos legales previamente identificados por activistas y opositores, que alegan que las autoridades alardearon de que hubo debido proceso tras las manifestaciones sin precedentes del 11 y 12 de julio pasados.
Diputados y jueces cubanos dijeron que las nuevas leyes fomentan la transparencia y aumentan la protección para los acusados de un delito.
Las normas recién aprobadas, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero, exigen, por ejemplo, que se notifique a los acusados de los posibles cargos en su contra y que se conceda a los detenidos el derecho a un abogado en un plazo de 24 horas.
Los ciudadanos también podrán acceder a sus propios archivos y documentos judiciales, según detalles de la nueva normativa.
Entre las novedades de la nueva Ley del Proceso Penal se incluyen, además, el "derecho a la no autoincriminación" y la "presunción de inocencia".
Eloy Viera, un abogado y analista legal cubano que reside en Canadá, declaró a la agencia Reuters que las leyes representan un gran avance en términos de consagrar el derecho de un ciudadano a defenderse en un tribunal de justicia.
“Esta ley ofrece mucho más garantía y (es) mucho más apegada a los estándares internacionales que la normativa vigente hasta la fecha”, dijo Viera.
Pero la forma en que se implementen esas leyes determinará si los cubanos ven o no cambios significativos en sus derechos legales, dijo a Reuters William LeoGrande, profesor del gobierno en la American University en Washington.
“Las leyes (…) aún les dan a los funcionarios una considerable discreción y solo el tiempo dirá cómo las usan, especialmente en casos políticos”, dijo.
La ola represiva que siguió a las protestas masivas del 11J dejó más de 1.100 manifestantes detenidos. De ellos, al menos 612 siguen en prisión pendientes de juicio.
Muchos de los arrestados tras las protestas fueron detenidos sin conocer de qué cargos se les acusaba, fueron incomunicados o carecieron de una adecuada representación legal para su defensa. Algunos de ellos fueron golpeados o sometidos a castigos corporales y vejaciones.
El gobierno cubano ha dicho que los manifestantes incurrieron en delitos como desorden público, resistencia al arresto y vandalismo.
Fiscales gubernamentales también están usando el cargo de sedición para varios de los detenidos, lo cual implica penas muchos más altas, de hasta 27 años de prisión, según han denunciado grupos independientes de monitoreo.
Interrogados por Reuters sobre las nuevas reformas, algunos expertos legales dijeron que cualquier avance en el Código Penal cubano sería eclipsado por el sistema de gobierno de partido único.
“Los magistrados de la Corte Suprema aún pueden ser destituidos fácilmente. Ningún tribunal puede declarar inconstitucional una ley de la Asamblea Nacional. No existe una entidad independiente que proteja los derechos constitucionales”, dijo el experto cubano-americano jubilado Jorge Domínguez.
No obstante, la nueva reforma elimina una criticada ley, la de peligrosidad predelectiva, que durante mucho tiempo ha permitido a las autoridades encarcelar a las personas si consideraba que podían ser peligrosas. Ese instrumento legal se usa con frecuencia contra disidentes y activistas.
El nuevo marco legal también se incluye una prohibición de la detención ilegal, aunque en la práctica las autoridades del Ministerio del Interior y del Partido Comunista mantienen el control sobre los fiscales.
En Cuba, el concepto de "justicia socialista" excluye de facto la independencia del poder judicial.
Varias leyes represivas que se aplican arbitrariamente con frecuencia contra opositores, activistas y periodistas independientes, como el confinamiento domiciliario y la prohibición de salir del país.
La nueva reforma legal coincide con la prohibición de la Marcha Cívica por el Cambio, prevista para el próximo 15 de noviembre. El régimen las ha declarado “ilícitas” argumentando, sin evidencias, que son financiadas y promovidas por Estados Unidos.
Recientemente, la Fiscalía General de la República avisó sobre las consecuencias legales de participar en la Marcha Cívica y precisó que quienes se sumen a la convocatoria del 15N incurrirán en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros, todos previstos y sancionados en la legislación penal vigente en la isla.
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