Fiscalía de Cuba amenaza con procesos penales a quienes participen en marcha del 15N

La nota remite a la denegación del permiso a la manifestación, y echa mano de un arsenal jurídico para arremeter contra quienes, a pesar de la negativa oficial a la marcha, intenten salir a la calle el próximo 15 de noviembre

Fiscalía Provincial de La Habana (Referencia) Foto © Tribuna de La Habana/Gabriel Valdés

El Gobierno cubano advirtió este jueves, a través de la Fiscalía General de la República, sobre las consecuencias legales de participar en la Marcha Cívica por el Cambio, planificada para el próximo 15 de  noviembre.

Precisó que quienes se sumen a la convocatoria del 15N incurrirán en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros, todos previstos y sancionados en la legislación penal vigente en la isla.

“En la jornada de hoy, la Fiscalía cubana ha apercibido a un reducido número de ciudadanos en las provincias de La Habana, Villa Clara, Cienfuegos y Holguín de las consecuencias legales que significaría promover y realizar marchas ilícitas ya denegadas por las autoridades gubernamentales”, indica una nota difundida por la Fiscalía y leída por la vicefiscal jefa de la Fiscalía provincial de La Habana, durante una transmisión en directo a través de Facebook.

El documento remite a la denegación previa del permiso a manifestarse ese día en Cuba, y echa mano de un arsenal jurídico para arremeter contra quienes, a pesar de la negativa oficial a la marcha, intenten salir a la calle el próximo 15 de noviembre.

“La actuación de la Fiscalía al advertir a dichos ciudadanos sobre las consecuencias legales de ejecutar la marcha, se sustenta en el artículo 156 de la Constitución que le atribuye a este órgano la misión, entre otras, de velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna, las leyes y demás disposiciones legales por los ciudadanos”, indica la nota.

“Asimismo, la Ley 83 de 1997, Ley de la Fiscalía General de la República, en su artículo 7, establece entre sus objetivos: preservar los derechos e intereses legítimos de los órganos, instituciones y dependencias estatales, contribuir a la prevención del delito y otras conductas antisociales, al fortalecimiento de la disciplina social y a la educación de los ciudadanos en la observancia consciente de las normas jurídicas”, añade.

Antecedentes de una protesta 

El 21 de septiembre, integrantes del grupo Archipiélago presentaron en las oficinas del Gobierno Provincial de La Habana y del Intendente del Consejo de la Administración Municipal de La Habana Vieja una solicitud de autorización para realizar una marcha pacífica en La Habana.

Programada inicialmente para el 20 de noviembre y luego cambiada para el 15, la convocatoria apelaba al artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba, que reconoce a los ciudadanos el derecho a reunirse, manifestarse y asociarse con fines lícitos y pacíficos. 

El propósito, según la declaración publicada por el dramaturgo cubano Yunior García Aguilera en Archipiélago, sería condenar la violencia y exigir la liberación de todos los presos políticos, respeto a los derechos de los cubanos y una solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas. 

Después de La Habana, otras siete provincias cubanas notificaron a las autoridades locales su intención de salir a las calles también el 15 de noviembre. 

El 12 de octubre, el Gobierno cubano denegó el permiso solicitado para la marcha convocada, cuyos fines calificó de "inconstitucionales" y "desestabilizadores".

Un mismo documento fue entregado a los solicitantes en todas las provincias, decretando el carácter "ilícito" de la marcha. Argumentaba no reconocer legitimidad en las razones que se esgrimen" para su celebración, al tiempo que estimaba que la proyección pública de algunos de sus promotores hacía suponer que tenían la intención manifiesta de promover "un cambio de sistema político en Cuba".

El texto calificaba la marcha de "provocación" que formaría parte de una "estrategia" para desatar un cambio de régimen en Cuba, y aludía al apoyo público que recibió de legisladores estadounidenses y medios de prensa críticos del gobierno cubano.

Tras un sucesivo asedio, que tuvo como capítulo más reciente la citación a varios de los miembros del grupo Archipiélago, promotores de la marcha en algunas provincias, este jueves el gobierno cubano ha dado un paso más en la escalada de amenazas para evitar, a toda costa, que los cubanos salgan a las calles el 15 de noviembre.

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