El preparador de impuestos Leonel Rivero fue condenado a 24 meses de prisión y a tres años de libertad supervisada por cometer fraude para obtener más de 100 préstamos de ayuda por la pandemia del COVID-19, asignados por el programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) del gobierno de Estados Unidos.
Rivero, de origen cubano y propietario de la compañía Rivero Tax Group en Hialeah Gardens, también deberá pagar un millón de dólares en restitución de los fondos malversados, según un comunicado de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.
De acuerdo con la información de la fiscalía, los investigadores del caso concluyeron que el contador, de 35 años y residente en Miami, presentó 118 solicitudes falsas de préstamos PPP por el valor de 2.3 millones de dólares.
También comprobaron que Rivero falsificó los ingresos y gastos de propiedad individual del año anterior del solicitante y presentó formularios de impuestos fraudulentos al Servicio de Rentas Internas (IRS).
Además, descubrieron que Rivero infló los gastos de las empresas de sus clientes, así como el número de empleados y el monto de sus salarios.
Este tipo de apoyo se estableció para que dueños de pequeñas empresas recibieran ayudas del paquete del gobierno para aliviar el impacto del coronavirus, facilitadas tras la aprobación de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés).
Mediante esta operación el implicado recibió aproximadamente 900 mil dólares en préstamos PPP, aunque los investigadores lograron recupera casi 800 mil dólares en efectivo en la casa de Rivero, aunque, según autoridades federales, también depositó casi 200 mil dólares en la cuenta bancaria de su compañía en el Wells Fargo Bank N.A., provenientes de su acción fraudulenta.
A principio de este año, 24 personas del sur de Florida fueron acusadas por un fraude de millones de dólares al dinero proveniente de las ayudas económicas por el coronavirus.
La Fiscalía Federal del Sur de Florida presentó 18 casos contra los acusados, quienes debieron responder por el presunto robo de dinero de la Ley CARES.
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