"Pedir libertad no es delito ninguno y no se tiene que cumplir ni siete ni dos, ningún año, y pido libertad para mi marido, para mi primo y para todos los presos políticos que hay ahora mismo en Cuba", expresó Leisy Torres, esposa del preso político Eloy Bárbaro Cardoso Pedroso, en entrevista este miércoles por Las mañanas de CiberCuba.
Cardoso Pedroso, de 18 años, fue uno de los participantes en las protestas de julio de 2021 en el reparto La Güinera, del municipio Arroyo Naranjo. Estudiaba Construcción Civil en ese momento. Su detención tuvo lugar el día 19 de julio, mientras se encontraba en casa de su abuela, y la policía dijo que solo quería hacerle unas preguntas. Sin embargo, lo acusaron de desorden público y atentado, luego de sedición, y la fiscalía le pidió 15 años de privación de libertad.
Su juicio, al igual que el de otros 19 manifestantes de su barrio, comenzó este 10 de enero y concluirá hoy. Como en el resto de los procesos judiciales que se han desarrollado hasta ahora, las denuncias de violaciones de los derechos de los acusados han sido la norma.
Solo un familiar de cada manifestante ha podido entrar al juzgado, el resto ha debido esperar en las afueras, bajo vigilancia policial y militar constantes.
Servilia Pedroso Araújo, en entrevista con CiberCuba poco antes de que comenzara su juicio, declaró que espera el peor resultado posible. “Voy a ir al juicio para acompañar a mi hijo, pero ni quisiera asistir, porque sé que todo es mentira”, sostuvo Pedroso Araújo.
El testimonio ahora de Leisy Torres, de 22 años, confirma las sospechas de su suegra. Asegura que los testigos de la fiscalía "eran todos policías, coroneles, instructores", algunos incluso de otro municipio, y que sus declaraciones no concordaban entre sí. Además, ninguno conocía a los acusados.
"Decían: 'no, yo no conozco a ninguno porque yo no les pude ver la cara, yo no sé si él estaba tirando piedras, si él me agredió, porque no les pude ver la cara'. No sabían bien, decían unos que estaban cerca, otros que estaban lejos, no sabían bien", explicó.
Similar denuncia ha realizado, desde Santa Clara, Roxana García Lorenzo, hermana menor del preso político Andy García Lorenzo, manifestante del 11 de julio en esa ciudad. La joven activista afirmó que la fiscalía había presentado 29 testigos y "que todos son oficiales de la policía, oficiales de la Seguridad del Estado, diciendo mil mentiras".
Torres consideró que en el juicio de La Habana fue posible apreciar que el delito de sedición no era justo. Los abogados habrían dicho que, lo más exacto, sería una acusación de desorden público; a pesar de que la Constitución reconoce el derecho a la manifestación con fines lícitos y pacíficos.
La violencia en La Güinera, donde se reportó la muerte de un manifestante por un disparo de un policía, surgió como reacción a la represión de las fuerzas del régimen. "Hubo una confrontación con los uniformados, ya que ellos los atacaron a ellos (a los acusados)", señaló Torres.
En total, en estos juicios están siendo juzgados cuatro jóvenes de 18 años, entre quienes se halla Eloy Bárbaro Cardoso, y a todos les pedían 15 años de prisión. No obstante, en las jornadas se anunció que sus peticiones fiscales habían sido rebajadas a siete años de privación de libertad. La situación del resto de los procesados se mantiene igual, les piden entre 15 y 26 años tras las rejas.
Hasta ahora, casi 300 personas han sido juzgadas por participar en las protestas contra el gobierno de julio de 2021, tanto en juicios sumarios como ordinarios. Esta semana, la cifra aumentará en 66 casos nuevos, una vez que concluyan los procesos que tienen lugar en Villa Clara, Mayabeque, La Habana y Holguín.
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