Human Rights Watch alerta sobre retroceso alarmante de libertades en América Latina

En su Informe Mundial 2022 se analiza la situación de casi 100 países, entre ellos Cuba.

Facebook Yunior García
Represión de protesta pacífica en La Habana el 11 de julio de 2021 Foto © Facebook Yunior García

“El alarmante retroceso de las libertades fundamentales en América Latina nos obliga hoy a defender espacios democráticos que solíamos dar por sentados”, advirtió este jueves Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch (HRW), en la presentación de su Informe Mundial 2022

 Taraciuk Broner señaló que incluso líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas "han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial" y millones de personas "se han visto obligadas a abandonar sus hogares y países". Además, explicó que la pandemia ha tenido un impacto económico y social devastador. 

El documento, de 752 páginas, analiza la situación de derechos humanos en casi 100 países donde la organización trabaja. "En la coyuntura actual, la opinión generalizada es que la autocracia está en ascenso y la democracia en retroceso. Esa visión se ve reforzada por la creciente represión contra voces opositoras en China, Rusia, Bielorrusia, Myanmar, Turquía, Tailandia, Egipto, Uganda, Sri Lanka, Bangladés, Venezuela y Nicaragua", apunta su ensayo introductorio. 

"Y también se sustenta en el surgimiento de líderes con tendencias autocráticas en democracias que llegaron a estar consolidadas —o aún lo están— como Hungría, Polonia, Brasil, El Salvador, India, Filipinas y, hasta hace un año, Estados Unidos", agrega. 

Para HRW, la tesis del ascenso de las autocracias resulta a primera vista convincente, aunque detrás de ella existe una realidad bastante más compleja y un futuro más sombrío para los autócratas. "A medida que las personas advierten que los gobernantes que no rinden cuentas privilegian sus intereses por sobre los de la población, el reclamo popular de una democracia que respete los derechos de las personas sigue siendo fuerte", afirma. 

"En numerosos países, multitudes han tomado las calles en señal de protesta, incluso exponiéndose a que los detengan o les disparen. En cambio, son pocas las concentraciones que se manifiestan a favor de regímenes autocráticos", argumenta el documento. 

Acerca del caso cubano, la nota de HRW puntualiza que el gobierno llevó a cabo abusos sistemáticos contra personas críticas y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos, en respuesta a protestas mayormente pacíficas en su contra; mientras que en el caso de Nicaragua, destaca que las elecciones de noviembre de 2021 se desarrollaron sin las más mínimas garantías democráticas.

"De cara a los comicios, el gobierno de Daniel Ortega detuvo y procesó arbitrariamente a críticos y opositores, incluyendo a siete candidatos presidenciales, y mantuvo a muchos de ellos incomunicados en condiciones abusivas durante semanas o meses. Estas detenciones se suman a las más de 100 personas percibidas como críticas que permanecen encarceladas arbitrariamente en el contexto de la crisis de derechos humanos que inició en 2018", asevera. 

Otro caso de preocupación es el de Venezuela. A finales del año pasado, el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en este país durante la gestión de Nicolás Maduro y expertos independientes de la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) concluyeron que las autoridades judiciales habían sido cómplices de abusos aberrantes.

"La misión electoral independiente de la Unión Europea, que observó las elecciones regionales de noviembre, informó que algunos opositores políticos seguían inhabilitados de forma arbitraria para postularse a cargos públicos, que hubo un acceso desigual a los medios de comunicación, y que la falta de independencia judicial y de respeto al Estado de derecho habían afectado la transparencia e imparcialidad de las elecciones",  acota HRW.

No obstante, también líderes que fueron electos democráticamente mostraron tendencias autoritarias e intentaron en reiteradas ocasiones debilitar el Estado de derecho. Por ejemplo, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, un defensor de la dictadura militar (1964-1985), quiso intimidar al Tribunal Supremo por medio de insultos y amenazas e hizo alegaciones infundadas de fraude electoral.

"En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó sus ataques mediáticos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, así como sus esfuerzos por eliminar organismos públicos independientes que limitan su poder y por cooptar el sistema judicial para perseguir a enemigos políticos. En noviembre, decretó que los proyectos prioritarios de su gobierno reciban permisos automáticamente, sin cumplir con los estudios requeridos, y que sean exentos de las reglas de transparencia", dijo HRW. 

Preocupa igualmente la situación de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la legislatura "reemplazaron sumariamente a los magistrados de la Corte Suprema con quienes diferían y promulgaron leyes para remover a cientos de fiscales y jueces de instancias inferiores".

"Los nuevos magistrados designados a la Corte Suprema resolvieron que Bukele podía postularse a la reelección consecutiva, a pesar de una disposición constitucional que lo prohíbe. El gobierno también propuso una ley de 'agentes extranjeros' que, de ser aprobada, podría limitar gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil", añadió. 

Asimismo, la organización identificó en Argentina, Bolivia, Perú y Guatemala diversos esfuerzos "orientados a debilitar la independencia judicial o a utilizar el sistema de justicia con fines políticos" que colocan el riesgo el sistema democrático de pesos y contrapesos. Mientras, en Colombia, protestas mayormente pacíficas han sido reprimidas por la Policía Nacional.

La violencia y los abusos por parte de grupos armados -refiere-, que incluyen asesinatos, masacres y desplazamientos forzados, se agudizaron en zonas remotas donde la presencia de instituciones públicas civiles y las oportunidades económicas son escasas. Según la ONU, "más de 450 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016. El gobierno ha adoptado medidas insuficientes e inadecuadas para protegerlos", resaltó la nota. 

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