La familia de Andy García Lorenzo recibió más de 10,500 pesos en multas tras ser detenidos este viernes cuando se dirigían al Tribunal Provincial de Villa Clara para apoyar al joven en medio del juicio que le realizan junto a otras 15 personas, por su participación en las protestas del 11J.
La hermana de Andy, Roxana García Lorenzo, su esposo Jonatan López Alonso, y su suegro Pedro López recibieron cada uno una penalidad de 3,000 pesos cubanos en respuesta a la llamada Ley Azote, o Decreto-Ley 370, que permite al gobierno castigar a los ciudadanos que denuncian violaciones de derechos humanos en sus redes sociales y cuestionan al régimen.
En una transmisión en vivo desde Facebook, Roxana y Jonatan contaron además que a los tres les habían confiscado el celular durante las varias horas en que estuvieron arrestados y en paradero desconocido. Asimismo explicaron que han tenido dificultades para comunicarse durante las últimas horas porque el Estado también cortó su acceso a los datos móviles.
La joven de 20 años relató que a su suegro lo esposaron con brutalidad, a tal punto que tuvieron que detenerse a mitad de camino para aflojarle las esposas. La suegra de la joven también fue trasladada junto con ella y a ambas las mantuvieron encarceladas desde las 9:00 am. hasta las 7:30 pm., aproximadamente.
Jonatan agregó que tras la directa que realizaron este viernes en la mañana, en su casa se presentaron cuatro o cinco inspectores de Vivienda, la Empresa Eléctrica y otros organismos estatales para amedrentarlos y también imponerles sanciones económicas, hasta sumar un total de 10,500 pesos.
En la transmisión, de apenas 12 minutos, Roxana comentó otros detalles sobre el arresto arbitrario que sufrieron. Relató que los mantuvieron siempre en oficinas separadas y que nunca les dieron explicaciones sobre el motivo para detenerlos. A ella y a su suegra las interrogó una mujer que no se identificó tampoco. “Ella estuvo maltratándonos todo el tiempo con esa prepotencia con que ellos trabajan. (...) nos ofendió en ocasiones”, añadió.
Además de los teléfonos celulares los agentes de la Seguridad del Estado decomisaron a la familia un cartel grande que pusieron en su casa pidiendo la libertad de Andy, a quien la Fiscalía pide siete años de privación de libertad por los presuntos delitos de desorden público, desacato a la autoridad y atentado.
“También nos quitaron nuestros carnets de identidad. En estos momentos estamos sin carnets (...). Queremos avisarles a todos que no estamos transmitiendo desde nuestros perfiles y que no confíen en nada que salga en nuestros perfiles reales a partir del día de ayer, luego de la directa que hicimos en la mañana”, afirmó Roxana.
Además de la familia de Andy García Lorenzo, este viernes fue detenida la activista Saily González, quien iba camino al Tribunal para presentar un recurso de hábeas corpus para los cuatro familiares de Andy. En los días anteriores, la activista había acudido al mismo lugar para acompañar a los familiares de los presos políticos en las afueras, pues dentro del juzgado solo permitían a un familiar por cada manifestante.
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