Juristas cubanos deberán enfrentar “la guerra no convencional contra Cuba... desde la justicia y la verdad”, exigió este viernes el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la reunión de balance anual con el Ministerio de Justicia (Minjus).
Asegurando que “el enemigo trata de sembrar intriga y caos en todos los procesos”, Marrero Cruz sumó otra excusa al catálogo habitual del régimen para justificar su pésima gestión de la crisis generalizada que se vive en Cuba, resaltando “la campaña subversiva para romper la confianza del pueblo en la Revolución” como una de las causas de la “extrema complejidad” del pasado año.
Según el primer ministro, dicha campaña se sumó “al bloqueo recrudecido de Estados Unidos, la Covid-19, la crisis internacional y las noticias falsas”. Frente a esa presunta “campaña subversiva”, Marrero Cruz dijo que “reconocer las deficiencias” constituía la mejor manera de actuar frente a los “enemigos”.
“Ir a la ofensiva ante la campaña subversiva debe ser una constante para ustedes, que están muy bien preparados para defender la justicia y la verdad”, señaló Marrero Cruz aludiendo a la difusión en redes sociales de la identidad de jueces y fiscales que actuaron en los juicios del 11J y que han sido expuestos ante la opinión pública.
“En estos días hemos estado observando cómo se articulan algoritmos y matrices de opinión subversivas que intentan desacreditar la actuación de fiscales y jueces, mayoritariamente jóvenes, que enfrentan con profesionalidad el más estricto principio procesal de la tutela judicial efectiva y del debido proceso tras los hechos vandálicos que tuvieron lugar el pasado 11 de julio de 2021”, aseguró a finales de marzo, Osmín Álvarez Bencomo, presidente de la Junta Directiva Provincial de la Unión de Juristas de Cuba (UNJC) en La Habana.
La celebración de los juicios contra los manifestantes que participaron en la histórica protesta del 11J en Cuba ha provocado críticas y la desaprobación de organismo internacionales, gobiernos y actores de la sociedad civil cubana e internacional por la imposición de elevadísimas penas de cárcel por los delitos de sedición y otros que no se compadecen con los estándares jurídicos para el tratamiento del ejercicio del disenso y la protesta en sociedades libres y Estados de derecho.
A pesar de los registros y listados que indican la presencia de menores de edad en las cárceles cubanas por participar en las manifestaciones, el régimen cubano sigue negando la existencia de estos, así como el carácter pacífico y espontáneo que caracterizó aquella jornada de protestas a lo largo del país.
“Indignan las descalificaciones de conductas delictivas extremadamente graves que fueron tipificadas y sancionadas a raíz de estos hechos por sedición, al tratarse del levantamiento colectivo y violento de un grupo de personas contra autoridades y el orden público con el fin de derrocarlo”, sostuvo Álvarez Bencomo, aludiendo a las campañas promovida por activistas cubanos para identificar y denunciar la participación de fiscales y jueces en la represión del 11J.
Para la editora y activista Salomé García Bacallao, coordinadora de la plataforma Justicia 11J, "exponer a los victimarios, nombrarlos, ponerles rostro, es contribuir a que no se perpetúe la impunidad”.
"Estos jueces y fiscales han cometido delitos con el amparo y el apoyo de un Estado. Y los han cometido sistemáticamente, porque los nombres de los jueces que participaron en los juicios de manifestantes del 11J están en un buen número de Habeas Corpus denegados en favor de activistas detenidos arbitrariamente y desaparecidos forzosamente, y en un buen número de sentencias a otros presos políticos", aseguró.
Mientras, los juristas cubanos han dicho que rechazan "cualquier intento de manipulación mediática" y advierten que "caerá todo el peso de la ley" contra toda persona "que intente subvertir la justicia que en nombre del pueblo de Cuba se imparte, mediante amenazas o el descrédito, o simplemente facilitando la información".
“Por cada colega amenazado, lo multiplicaremos por decenas de miles a todo lo largo y ancho, dispuestos a cambiar la toga y el estrado si fuera necesario por el fusil y la trinchera”, agregó Álvarez Bencomo en su lectura este domingo.
Por su parte, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, insistió en la idea de que se ha desatado una campaña contra jueces y fiscales, que “no es más que una articulación para destruir el sistema judicial de la Revolución”.
“No habrá odios, solo habrá justicia. Apoyamos y respaldamos la declaración de los juristas cubanos. La justicia revolucionaria es garante de la Revolución”, dijo Torres Iríbar.
En la misma estela, el primer secretario del PCC y gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó: "Orgulloso de los juristas de Cuba: fiscales, abogados y jueces. Contra el honrado ejercicio de sus respectivas profesiones, se estrellarán todas las cobardes campañas de descrédito de los enemigos de la Revolución Cubana".
"Como plantea el Artículo de la Constitución de la República, 'Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social'. Bajo este precepto, el ministerio de Justicia debe continuar realizando su trabajo", aseguró el primer ministro a modo de conclusión en su hilo de Twitter publicado este viernes.
Hasta el momento, los registros de Justicia 11J revelan que más de 1,440 personas fueron detenidas por participar en el estallido social de julio de 2021, y más de 700 continúan en privación de libertad. Las condenas en muchos casos superan los 15 años de privación de libertad.
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