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Cubalex pide ayuda para localizar a represor cubano supuestamente emigrado a EE.UU.

El sujeto, que se identificaba como "el oficial Abel", se dedicaba a acosar a familiares de los presos políticos del municipio Arroyo Naranjo, en La Habana.

Guardias y reclusos en un cárcel de Cuba (Imagen referencial) © Captura de video de YouTube de Canal Caribe
Guardias y reclusos en un cárcel de Cuba (Imagen referencial) Foto © Captura de video de YouTube de Canal Caribe

Este artículo es de hace 1 año

La organización cubana defensora de derechos humanos Cubalex, pidió ayuda para localizar a un represor del gobierno que presuntamente emigró a Estados Unidos.

El grupo publicó en su muro de Facebook la foto de un miembro del aparato represivo castrista que se dedicaba a acosar a familiares de los manifestantes del 11 de julio.

"Y ahora nos informan que está en Estados Unidos. Ayúdanos a difundir", pidió la organización.

Foto: Captura de Facebook / Cubalex

Cubalex compartió una imagen del rostro del sujeto, el cual se identificaba como "el oficial Abel", y cuya "misión" era acosar a los familiares de los presos políticos del municipio Arroyo Naranjo, en La Habana.

Al parecer, el presunto agente de la Seguridad del Estado habría dejado el país rumbo a Estados Unidos, como lo han hecho en los últimos meses miles de cubanos en la actual crisis migratoria que atraviesa Cuba.

Tras la represión desatada por el régimen contra participantes en las protestas del 11 de julio, activistas y organizaciones por la democracia han identificado públicamente a miembros de la policía y la Seguridad del Estado que han cometido violaciones de derechos humanos, así como fiscales y jueces responsables de las altas condenas a los manifestantes juzgados.

La propia Cubalex y la también ONG jurídica Justicia 11 divulgaron en marzo los nombres de 36 jueces y fiscales que participaron en juicios contra manifestantes del 11 de julio en La Habana.

Gracias a ellos la opinión pública pudo conocer los nombres de 29 jueces que condenaron a largas penas de cárcel a ciudadanos cubanos por los supuestos delitos de sedición y de formar parte de un complot orquestado en el extranjero, y de siete fiscales actuantes como acusadores en los procesos judiciales.

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