El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) la persecución a familiares de presos políticos en Cuba.
En un estudio realizado por el OCDH identificaron esquemas generales de hostigamiento y represión que usa el Estado cubano y sus instituciones, contra los familiares y allegados de presos políticos en Cuba.
Determinaron que existen ocho grupos de acciones operativas que pone en práctica la policía política contra personas cercanas a los presos políticos. Entre ellas mencionaron:
- vigilar, intervenir o suprimir el uso de internet de familiares
- exhortar a no organizar acciones jurídicas de defensa ante organismos nacionales e internacionales
- infiltración de agentes o sujetos de confianza
- ofrecimiento condicionado de beneficios legales o la expatriación forzada.
- organizan procesos de arrestos e interrogatorios y despidos laborales
- cancelan las licencias de emprendimientos o trabajo particulares
- violan el domicilio, la intimidad y la correspondencia física y electrónica privadas
- coordinan el repudio social en centros laborales y barrios
Denunciaron que estas acciones "intentan quebrar las relaciones de familiaridad y de afecto, para lograr el mayor aislamiento y silencio de las víctimas" de la represión en Cuba.
“Las autoridades continúan empleando mecanismos de terror como elemento disuasorio. En un porcentaje, se logra generar el miedo y el abandono de conductas cívicas, quedando la emigración como única vía fundamental de escape del esquema de hostigamiento y represión diseñado”, afirmó el OCDH en su informe de investigación.
Una copia de este documento se envió a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU este 31 de mayo de 2022. El texto alerta a la comunidad internacional sobre el incremento de la persecución y represión hacia familiares de los presos políticos en Cuba.
En marzo el OCHD cifró en al menos 406 las acciones represivas del régimen de la isla contra la población civil. De ellas 121 estuvieron asociadas a detenciones arbitrarias.
Otras 285 acciones fueron vigilancia a viviendas, juicios, hostigamientos a familiares de presos políticos, a activistas y a periodistas independientes; multas, citaciones policiales, amenazas, salidas obligatorias del país o expulsión laboral.
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