Una denuncia ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la ONU fue interpuesta a favor de cuatro miembros de una misma familia sentenciados hasta 10 años de prisión por su participación en las protestas del 11J en Santiago de Cuba.
Se trata de Iván Arocha Quiala, de 26 años, Iván Mauricio Arocha Arocha (52), Eduardo Reynaldo Machado Arocha (24) y Dairon Yunior Labrada Linares, de 23 años de edad. Todos son residentes en El Caney, Santiago de Cuba, lugar donde no hubo manifestaciones violentas.
Sin embargo, los condenaron con sanciones más elevadas que la petición fiscal. A Eduardo Reynaldo con petición de 7 años lo sentencian a 9 y a Dairon Yunior le incrementaron uno más a los 6 años que pedía fiscalía. Iván Mauricio y su hijo terminaron con 10 años de cárcel, dos y tres años más, respectivamente, que sus peticiones iniciales.
“Los cuatro casos están siendo también representados por el abogado Sergio Osmin [Fernández Palacios] y su equipo, con sede en España”, declaró a CiberCuba un allegado de los presos políticos.
“Se han interpuesto los recursos de los primeros tres, solo falta el de Dairon Yunior que recién ingresó al penal, ya que se encontraba bajo fianza en su casa”, agregó.
Las denuncias, presentadas como casos individuales ante el GTDA los días 20, 25 y 28 de mayo, recogen nombres y apellidos de los represores que, de acuerdo a los fragmentos publicados en el perfil institucional del CID son miembros “de la PNR y de otros órganos represivos de MININT que durante el arresto violento golpearon brutalmente a los ciudadanos indefensos”.
En el caso de Eduardo Reynaldo, ocurrieron “abusos físicos” y “clara conducta violenta” de las fuerzas represivas contra los manifestantes el 11 de julio. “Tenían palos, tonfas y bastones policiales para reprimir con violencia al amparo de la orden de combate del Díaz-Canel”, agrega.
Sobre Iván Mauricio, el recurso legal precisa que fue privado por más de tres meses de visitas familiares en prisión, lo cual es un “abuso sicológico contra una persona privada de libertad”, se lee en el extracto hecho público.
En cuanto al hijo de Iván, de igual nombre, el informe relata que una “horda violenta le ocasionó lesiones en su rostro en relación con las cuales no pudo acceder a una certificación médica”. También hace referencia a las golpizas que recibieron dentro del ómnibus tras ser detenidos. “Fue tanta la violencia dentro del ómnibus contra Iván que ocasionó una micción descontrolada” [incontinencia urinaria].
Fernández Palacios ha logrado radicar más de medio centenar de recursos de este tipo en Ginebra a favor de manifestantes del 11J y de los asociados al 15N. Algunos de ellos son Brandon David Becerra, detenido siendo menor de edad y condenado a 13 años de cárcel, y Miguel Enrique Girón Velázquez, quien se encuentra plantado en la prisión de Holguín en estos momentos.
La familia ha apelado a diferentes instancias e instituciones del Estado, sin éxito. Uno de ellos, Grober Quiala Estupiñán, oficial pensionado del Ministerio del Interior (MININT), denunció en sus redes sociales que se había cometido injusticias y menciono que el Iván Mauricio ni siquiera participo en la manifestación y, sin embargo, fue condenado a 10 años de cárcel.
Según el grupo de trabajo Justicia 11J, más de 1,570 personas han sido detenidas en relación con las protestas del 11J y el 15N. De ellos, más de 700 permanencen en prision y solo 89 esperan juicio.
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