Un total de 30 cubanos participantes en las protestas del 11J y oriundos de La Habana y Artemisa, fueron condenados con hasta 18 años de privación de libertad tras presentar un recurso de apelación, mientras que otros tres recibieron un cambio de medida.
Los manifestantes fueron acusados, fundamentalmente, de cometer los delitos de sedición, sabotaje y desórdenes públicos, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR).
"Atendiendo a la gravedad de los hechos y grado de participación, 30 fueron sancionados con penas de privación de libertad (20 entre cinco y diez años, y 10 entre diez y 18 años), mientras que a dos se les subsidió por trabajo correccional sin internamiento y uno por limitación de libertad; que no implican -en principio, bajo condición de buena conducta-, su ingreso a prisión", dijo la FGR.
Asimismo, amenazó con revocar la sanción subsidiaria a aquellos que incumplan las obligaciones impuestas o cometan nuevos hechos delictivos.
La plataforma Justicia 11J llamó la atención este viernes de la falta de transparencia que existe en la emisión de este tipo de información por parte de la Fiscalía.
"No ha ofrecido una cifra oficial de detenciones a raíz de las manifestaciones, ni del desarrollo de procesos administrativos asociados a ellas, ni de cifras totales en relación con las distintas etapas del proceso penal. Por el contrario, la nueva información emitida más que ampliar la que ya había sido divulgada cuatro meses antes, la restringe, refiriendo ahora cifras que implican la finalización de procesos penales de por sí dilatados", expresó la organización a través de un comunicado.
La FGR calificó los hechos del 11J como un atentado "contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista", lo que demuestra la subordinación de la justicia en Cuba a la ideología impuesta por el partido comunista.
El comunicado expresó además que deben ser indemnizadas las personas que resultaron lesionadas durante las manifestaciones del 11J, aunque no especificó si contemplan también aquellos los golpes que propinaron policías y simpatizantes del régimen, así como la reparación de los daños ocasionados a las entidades estatales, como tiendas y edificios públicos.
Esta semana la Fiscalía cubana reportó que 381 manifestantes del 11J habían sido juzgados, incluyendo 16 menores de edad, acusados de sedición; sabotaje; robo con fuerza y violencia; atentado; desacato y desórdenes públicos.
Los menores de edad sancionados son 15, de acuerdo con los datos oficiales, y algunos fueron sancionados a trabajo correccional con y sin internamiento, y limitación de libertad, precisa la información.
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