Manifestantes del 11J en Palma Soriano reciben las mismas sentencias en juicio de apelación

Dieciséis manifestantes del 11J en Palma Soriano recibieron las mismas sentencias en juicio de apelación en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, según denuncias de familiares de los procesados.

Yenisel Rodríguez Gondres, esposa del activista Andrés Lugo López condenado a ocho años de prisión, aseguró este domingo a Radio Televisión Martí que a los 16 manifestantes les ratificaron “la misma cantidad de años que llegó en la sentencia. No le bajaron a nadie”.

También, apuntó, que desde que vio entrar al tribunal a cuatro policías antimotines cuando llamaron a su esposo, quien estaba en libertad bajo fianza, “yo sabía que se lo iban a llevar”.

Comentó, además, que “lo sacaron para la puerta, lo esposaron y se lo llevaron con los otros que ya estaban presos en el mismo carro jaula. Me dijeron que tengo que llevarle las cosas (productos de aseo, tanqueta para almacenar agua y ropa interior) el viernes en la mañana que es cuando lo trasladarán a la cárcel”.

Lugo López, junto a otros 15 participantes en las protestas antigubernamentales en ese municipio de Santiago de Cuba, fueron sancionados por los supuestos delitos de instigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado, daños, evasión de presos o detenidos, resistencia y denegación de auxilio y hasta desobediencia.

Rodríguez comentó, además, al citado medio que “la jueza dijo que todas las pruebas que ella tenía y todo lo que se hizo en el juicio anterior y en este de apelación son suficientes para ella llegar a la conclusión de que no ha habido errores, que están todas las pruebas que ella necesita para expresar un veredicto”

“No le subió a nadie la cantidad de años, pero tampoco bajó ninguna. Y es la última palabra, dijo que ellos no tienen derecho a apelar al Supremo, que ésta es la sentencia firme. Ellos están ya listos para cumplir”, refirió, también, Rodríguez.

Asimismo, comentó, que “uno siempre cree que algo bueno va a pasar, que le van a bajar la sanción, que va a haber justicia, aunque se sabe que aquí en Cuba no hay justicia, uno siempre va con esa fe y esa esperanza, pero la jueza, desde el miércoles, le había dicho a mi marido que el último día de la vista fuera con su bolsa de aseo”.

Susana García, madre del manifestante Jorge Reinier Arias García, uno de los que recibió la condena más alta de 12 años de privación de libertad, junto a Yurisnel Rodríguez Torres y Jorge García García, dijo también al citado medio que el juicio de apelación fue “nacismo”.

“Mi hijo no quería venir al juicio. Lo trajeron el primer día y él declaró cómo pasaron las cosas, y todas las mentiras que se han dicho en el proceso, y la manipulación de los hechos. Y pidió después que lo sacaran de la sala, que él no quería estar allí escuchando falsedades. La jueza lo mandó a poner en un pequeño calabozo que hay en la audiencia, y este jueves no lo llevaron al juicio”, comentó García.

“Cuando se los llevaban, los muchachos comenzaron a golpear las paredes del carro jaula y a gritar libertad. Fue deprimente y emocionante a la vez”, concluyó García.

Raucel Ocaña Parada, quien ejercía como fiscal cubano en Palma Soriano y pidió asilo político en Suiza, recién aseguró que las sentencias impuestas a los manifestantes del 11 de julio fueron elaboradas por el Partido Comunista antes de empezar los juicios.

"Ya prácticamente cuando se emite una sentencia referente a estos temas de personas que se manifiestan contra el gobierno, ya el fallo viene prejuzgado antes de que se haga el juicio. Ya el fiscal sabe lo que tiene que decir, el juez también sabe lo que tiene que hacer. Los órganos que están detrás dirigen el proceso judicial", relató en un video difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Ocaña Parada precisó que él no participó directamente en ningún juicio del 11J, porque en Palma Soriano solo hubo un proceso y no fue él quien estuvo a cargo. No obstante, estuvo al tanto de las irregularidades que se cometieron con los participantes en las protestas.

Precisó que a varios acusados se les dictaron órdenes de prisión provisional, calificándolos como ciudadanos de alta peligrosidad social sin pruebas y/o antecedentes, y sin tomar en cuenta su edad, solo la índole política de los casos.

"Se les formularon denuncias a una serie de entre 35 personas en Palma Soriano, que estuvieron acusados en un proceso a los que se les impuso la medida cautelar más severa, que es la de prisión provisional. A otros se les puso fianza y debido a todo este proceso, se les abrió un expediente de fase preparatoria, el cual termina en un proceso investigativo, al que los acusados y los familiares no pudieron acceder con muestras de pruebas", detalló.

Palma Soriano fue la segunda ciudad del país, después de San Antonio de los Baños, en sumarse a las protestas del 11J.

Acerca del funcionamiento de la justicia en Cuba, Ocaña Parada señaló que el fiscal no tiene total autonomía para aplicar la ley.

"La jefatura coacciona y no apoya la propuesta del fiscal. Te dice que se deben tener en cuenta algunas cuestiones políticas del país, que no se debe ser tan benevolente y hay que asumir una posición de escarmiento, totalmente represiva", admitió.