Un juez federal del sur de Florida condenó a prisión a un empresario por distribuir medicamentos contaminados en hospitales pediátricos estadounidenses.
Raidel Figueroa, expropietario y director general de una empresa de fabricación de medicamentos del condado de Broward, fue sentenciado por el juez de distrito, James I. Cohn, a cumplir 37 meses en una prisión federal por mentir a la Administración de Alimentos y Medicamentos del gobierno de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y permitir que productos contaminados llegaran a hospitales pediátricos, según comunicado de la Fiscalía del Sur de Florida.
La nota refiere que Figueroa, cuando era copropietario de Pharmatech, LLC, de 2016 a 2017, fabricó y distribuyó un laxante denominado Diocto Liquid, el cual se relacionó en una investigación de la FDA en 2016 con un brote de infecciones vinculadas a la bacteria conocida como Burkholderia cepacia (B. cepacia).
Esta bacteria suele encontrarse en el agua y el suelo. Es transmisible a través de medicamentos contaminados y puede provocar infecciones respiratorias y de otro tipo a personas con sistemas inmunitarios débiles, enfermedades pulmonares crónicas y otras afecciones.
Tras inspeccionar la FDA las operaciones de Pharmatech en esa fecha, se le notificó un mes después al empresario que una muestra tomada del sistema de agua de su compañía había dado positivo a la B. cepacia.
En ese momento, el empresario aseguró a la FDA que Pharmatech rediseñaría su sistema de agua purificada para evitar futuras contaminaciones.
En marzo de 2017, la FDA volvió a inspeccionar las operaciones de Pharmatech y pidió a Figueroa que revelara todos los productos que la empresa había fabricado desde su supuesta actualización del sistema de agua.
En esa fecha, Figueroa mintió deliberadamente a los investigadores de la FDA al excluir al Diocto Liquid de su lista de distribución de productos, a pesar de que había enviado más de 7,000 unidades de ese medicamento a principios de mes, y por decirle al organismo regulador que el nuevo sistema de agua de su empresa había cumplido con los "criterios de aceptación".
En julio de ese año, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades notificaron a la FDA sobre múltiples infecciones por B. cepacia en pacientes pediátricos del Stanford Children's Health Lucile Packard Children's Hospital de Palo Alto, en California, y del Johns Hopkins Children's Center de Baltimore, en Maryland.
En la investigación, la FDA recogió frascos de Diocto Liquid en los referidos centros médicos y en varios de sus estos se encontraron cantidades inaceptables de bacterias, levaduras y moho.
El organismo regulador pudo determinar que Pharmatech había distribuido esas mismas botellas en marzo de 2017, fecha en la que Figueroa le ocultó a la FDA la distribución de ese medicamento a hospitales pediátricos estadounidenses.
Ante las evidencias, en junio de este año, Figueroa se declaró culpable de conspirar para defraudar a la FDA, falsificar registros en una investigación del organismo federal, obstruir procedimientos y distribuir medicamentos adulterados.
En junio de este año, otras cinco personas fueron acusadas por su participación en una trama de fraude en una clínica de fisioterapia en la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade.
Los implicados fueron condenados a penas de hasta 11 años de prisión y multas que, en algunos casos, superaron los $4 millones de dólares.
Según la Fiscalía Federal de Miami, los acusados reclutaron y pagaron a los beneficiarios de los planes de seguro médico de Blue Cross Blue Shield (BCBS), y luego facturaron a BCBS por servicios que la clínica Polyclinic Healthcare nunca prestó o que no eran médicamente necesarios.
Además, los dos propietarios de la clínica también utilizaron la empresa para obtener fraudulentamente fondos de ayuda de COVID-19.
Los acusados facturaron más de ocho millones de dólares en reclamaciones falsas al seguro médico. La mayoría de ellas relacionadas con tratamientos de fisioterapia innecesarios o nunca proporcionados, como la estimulación eléctrica, la terapia de ultrasonido y el ejercicio terapéutico, así como por equipos médicos duraderos.
Además, los propietarios de la clínica robaron más de 1 millón de dólares solicitados a través de programas federales de ayuda a pequeñas y medianas empresas durante la pandemia de COVID-19.
A finales de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el inicio de un programa nacional contra el fraude relacionado con la atención médica por el COVID-19.
De acuerdo con una nota de esa instancia gubernamental, hasta esa fecha el Departamento presentó cargos penales contra 21 acusados en nueve distritos federales.
Se trata de propietarios y ejecutivos de empresas médicas, así como médicos, comerciantes y fabricantes de tarjetas de registro de vacunación contra el COVID-19 falsas.
La instancia gubernamental aseguró que los mismos ocasionaron pérdidas que superan los $149 millones de dólares en facturas falsas a programas federales y robo de programas de asistencia pandémica financiados con fondos federales.
A principios de junio, un juez federal sentenció hasta diez años de cárcel para un grupo de residentes en Miami involucrado en un esquema de fraude al Medicare que ascendió a 17 millones de dólares, de acuerdo con una nota del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los condenados fueron acusados por presentar reclamos falsos por servicios que nunca proporcionaron a los beneficiarios o que no eran médicamente necesarios.
Las clínicas involucradas en el delito fueron Life Blue Medical Center, Corp., Blue Life Medical Center, LLC y Miami Medical Therapy.
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