El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz vuelve a estar en el ojo de la polémica, tras afirmar que Cuba avanza en el plan de soberanía alimentaria en medio de una de las más agudas crisis de alimentos en la isla.
Marrero Cruz en su intervención en el foro virtual internacional “La asistencia del arroz híbrido y la seguridad alimentaria del mundo”, difundida este sábado en la plataforma oficialista Presidencia de Cuba, aseguró que pese a la compleja situación económica del país y en medio de adversidades, “Cuba avanza en la implementación del Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional".
También culpó de la severa crisis alimentaria de la isla al “recrudecimiento sin precedentes del bloqueo estadounidense, con el objetivo de provocar hambre y desesperación a nuestro pueblo”.
No obstante, en ninguna parte de su discurso detalló cuáles son los avances de la implementación de la estrategia del país para lograr la cacareada “soberanía alimentaria” y “educación nutricional” en el país.
En julio de este año, el gobierno cubano publicó la Ley de Soberanía Alimentaria para "una alimentación segura y nutricional", la cual entró en vigor en octubre último, tras ser aprobada por el Parlamento cubano el 14 de mayo de 2022.
La regulación, dada a conocer en la Gaceta Oficial número 77, establece que todo el pueblo cubano tiene derecho a “la alimentación sana y adecuada, a consumir bienes y servicios de calidad que no sean atentatorios a su salud, a acceder a información precisa y veraz sobre los mismos y a recibir un trato equitativo y digno”.
De acuerdo con el documento, el Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de estos derechos y de responder así a la llevada y traída Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.
El texto pretende regular además “la organización de los sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles que articulan de forma intersectorial e interinstitucional la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos”.
Para ello el gobierno anunció que creará mecanismos jurídicos que contribuyan a la protección de la supuesta soberanía alimentaria, cuya proclamación llega en medio de una de las crisis económicas más profundas del país, donde son precisamente los alimentos figuran entre los puntos más débiles.
“La soberanía alimentaria es la capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible y dar acceso a toda la población a una alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, inocua y saludable, reduciendo la dependencia de medios e insumos externos con respeto a la diversidad cultural y responsabilidad ambiental”, apunta la nueva ley, que no menciona la dependencia del país de las importaciones y las donaciones de países aliados para garantizar productos básicos, como es el caso de la leche a niños, mujeres embarazadas, enfermos y ancianos.
La legislación reconoce que el derecho a la alimentación comprende la accesibilidad, disponibilidad, estabilidad, sostenibilidad y adecuación de las comidas, aunque no describe la forma en que pretenden las autoridades garantizar el acceso a los alimentos, escasos en la mayor parte de los hogares cubanos.
Para el cumplimiento de esta jerigonza legal, el régimen anunció además la creación de comisiones de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel nacional, provincial y municipal, las cuales están supeditadas a esas mismas instancias de gobierno.
De acuerdo con la ley, el Ministerio de la Agricultura también asume nuevas responsabilidades con el fin de lograr la mentada soberanía, entre las que sobresalen por su marcado carácter subjetivo el control de las cadenas productivas y el fomento del desarrollo de cadenas alimenticias que sean sensibles a una mejor nutrición.
Según el periódico oficialista Granma, Mayra Cruz Legón, directora jurídica de ese organismo del Estado cubano, afirmó que era “la primera norma jurídica en el país referida a los sistemas alimentarios locales, y cómo son sus modelos sostenibles de producción” y que su objetivo fundamental es pautar “un sistema de educación nacional relativo a las buenas prácticas alimentarias.”
Por su parte, Yanisbell Sánchez Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, apuntó que para la confección de esta ley se había realizado un proceso de estudio y consulta con “muchos organismos” que valoraron su posible impacto en la población y compartieron el contenido de la regulación con diversos sectores de la ciudadanía.
Según la agencia Prensa Latina, la legislación hace énfasis en “la protección del derecho a la alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad” y busca disminuir las pérdidas como parte de la cadena agroalimentaria, que hasta el momento presenta un significativo desfase entre los campesinos productores y las empresas encargadas de procesar y recoger los alimentos.
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