El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló este lunes la Torre K, el rascacielos hotelero de 42 plantas que GAESA levantó en La Habana, como símbolo del abismo entre el enriquecimiento del régimen cubano y las condiciones de vida del pueblo.
En un mensaje publicado en X por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, el Departamento de Estado describió el edificio como «un recordatorio permanente para el pueblo cubano de que el régimen ilegítimo solo se preocupa por enriquecerse a sí mismo, no por mejorar sus condiciones de vida».
La publicación llega en el marco de una campaña sostenida de presión sobre GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y subraya que la Torre K fue «construida para élites y visitantes extranjeros» y permanece cerrada mientras los cubanos de a pie enfrentan condiciones de vida precarias.
El edificio, ubicado en la esquina de 23 y K en El Vedado, es el más alto de Cuba con aproximadamente 154 metros de altura. Fue financiado íntegramente por Almest, inmobiliaria filial de GAESA, en lo que el régimen presentó como una «inversión 100% cubana».
La agencia EFE cifró el coste en 200 millones de dólares, aunque estimaciones periodísticas elevan esa cifra hasta los 565 millones. En redes sociales, cubanos se han preguntado si esa suma habría bastado para construir una central termoeléctrica de unos 300 MW, capacidad suficiente para aliviar la crisis eléctrica que hoy paraliza la isla.
La comparación resulta especialmente elocuente en el contexto actual: analistas han estimado que apenas 43 millones de dólares anuales bastarían para abastecer 63 medicamentos esenciales en Cuba, y unos 250 millones para estabilizar la red eléctrica nacional.
El 3 de agosto, Cuba sufrió su sexta desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional en lo que va de año, con déficits de generación que rozaron los 2,315 MW y cortes de hasta 24 horas diarias.
El hotel, que inauguró oficialmente a comienzos de 2025 con tarifas desde 147 euros la noche, cerró sus puertas en marzo de 2026 alegando «la situación del país». Poco después, en junio, Iberostar —la cadena española que gestionaba el establecimiento— confirmó su salida de 12 de sus 18 hoteles en Cuba, incluida la Torre K, citando el impacto de las sanciones sobre GAESA.
El colapso del turismo cubano es generalizado. El primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció ante la Asamblea Nacional, a finales de julio, que el 73% de las instalaciones hoteleras del país estaba cerrado y que unos 25,000 trabajadores del sector se encontraban en situación de disponibilidad.
Blue Diamond Resorts cerró 62 hoteles y más de 12,900 habitaciones en mayo, y Meliá anunció en julio el cierre de sus 34 establecimientos en la isla, poniendo fin a 36 años de operaciones.
El mensaje de este lunes no es un hecho aislado. El 7 de agosto, el Departamento de Estado ya había advertido a las empresas extranjeras que operan con GAESA que se convierten en «cómplices del esquema de corrupción de la dictadura», y días antes había señalado que el conglomerado militar dispone de 18,000 millones de dólares en reservas mientras el pueblo cubano carece de electricidad, alimentos y medicinas.
Paralelamente, según reveló The New York Times, la CIA creó un grupo especial para rastrear los flujos financieros opacos de la élite cubana dentro y fuera de la isla.
La Torre K, construida con cientos de millones del erario público, inaugurada en 2025 y cerrada apenas meses después, queda así convertida, en palabras del propio Departamento de Estado, en el recordatorio más visible de las prioridades del régimen.
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