La Seguridad del Estado citó y amenazó con iniciarles un proceso legal a las activistas Saily Núñez, Marta Perdomo, Liset Fonseca y Delanis Álvarez quienes son familiares de presos políticos.
"Hoy (28 de diciembre) fuimos citadas por la Fiscalía. Seguimos unidas por la libertad de nuestros familiares", denunció en Twitter Liset Fonseca, madre del preso político Roberto Pérez Fonseca.
El activista Marcel Valdés compartió en las redes sociales una actualización sobre la citación que les hizo la Seguridad del Estado a estas mujeres cubanas. Indicó que el objetivo de la policía política era "decirles que si no pagaban la multa por haberse manifestado en la Catedral, las iban a llevar a tribunales".
"Ellas alegaron que no hicieron nada ilegal. Expresarse y manifestarse pacíficamente en un lugar público no es un delito, es un derecho. Esto es un episodio más que demuestra cómo la dictadura tortura psicológicamente a los cubanos que piden Libertad", dijo Valdés en Facebook.
La activista Saily Núñez, esposa del preso del 11J Maikel Puig Bergolla, dijo que el régimen teme a quienes con valor exigen la libertad de los prisioneros políticos.
"A esto le temen, a mujeres como nosotras que seguimos en la lucha por la libertad de nuestros familiares injustamente detenidos, que no descansaremos jamás ni callaremos ante tantas injusticias", indicó en Twitter.
El 1 de agosto de 2022, siete familiares de presos del 11J fueron detenidos por la policía cuando hacían una protesta pacífica por la liberación de sus seres queridos, frente a la Catedral de La Habana. Fueron acusados de desórdenes públicos y les impusieron multas de 7.000 pesos cubanos.
Entre ellos estaban Liset Fonseca, Saily Nuñez, Marta Perdomo (madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo), Ailex Marcano (madre de Ángel Jesús Véliz Marcano), Delanis Álvarez (esposa de Duniesky Ruiz), Wilber Aguilar (padre de Walnier Luis Aguilar) y Luis Rodríguez (esposo de Angélica Garrido).
Este miércoles la Seguridad del Estado ratificó las sanciones y los activistas denunciaron la represión contra ellos por ejercer el derecho a manifestarse pacíficamente.
La policía política los amenazó con que el impago de la multa “puede llevar al término de Tribunal e incluso hasta una reclusión", según indicó Saily Núñez a Radio Televisión Martí.
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